El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, se reunió en Washington, con la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y otros representantes del organismo a quienes presentó un segundo informe sobre las investigaciones que se adelantan por los hechos de violencia registrados en el marco del pasado paro nacional.
"El primer propósito de la reunión es la entrega de un segundo informe, luego del entregado en Bogotá, en el marco de la autonomía e independencia judicial de Fiscalía sobre las investigaciones realizadas en el marco del paro nacional", señaló la Fiscalía de Colombia a través de Twitter.
Durante el encuentro, en el que también participaron la secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, y la secretaria Ejecutiva Adjunta para Sistema de Peticiones y Casos, Marisol Blanchard, Barbosa expuso los avances de las investigaciones y confirmó que se han acogido las recomendaciones del organismo para investigar los casos de abuso de la Fuerza Pública en el paro nacional.
Barbosa también señaló que se creó una estrategia de investigación con once líneas destacadas para casos que se presentaron en las manifestaciones, al margen de las cuales se presentaron hechos violentos.
Al respecto indicó que se crearon grupos especializados de fiscales, investigadores y peritos para investigar los hechos de violencia y vandalismo, y dijo que hasta el momento se han confirmado 57 fallecidos, 29 en el marco de la protesta (13 de ellos esclarecidos) y cinco más en verificación, mientras que otras 23 muertes denunciadas se dieron por fuera de las manifestaciones.
Sobre las personas desaparecidas, el fiscal general confirmó que se ha continuado "con todo el compromiso y el trabajo de ubicar a las personas que han sido reportadas en el Mecanismo de Búsqueda Urgente", y señaló que "de las seis denuncias de desaparición forzada, cinco casos no tenían nada que ver con la protesta y una está en revisión".
El funcionario también se refirió a los reportes de civiles armados en las manifestaciones y dijo que se ha hecho una serie de trabajos investigativos que han permitido que la Fiscalía llame a declarar versión libre en calidad de indiciados a 16 ciudadanos, cinco miembros de la Fuerza Pública y un miembro de la comunidad indígena.
Por último, aseguró que las investigaciones dan cuenta de que, al parecer, "cuatro estructuras criminales estarían detrás de la violencia en el paro", que fue impulsado por las principales centrales obreras del país en contra del Gobierno.
Después de una visita de campo que hizo una delegación de la CIDH a Colombia, del 8 al 10 de junio, para evaluar las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, el organismo emitió una serie de recomendaciones al país el 7 de julio, algunas de las cuales el Gobierno señaló que no acataría, entre ellas la de considerar los cierres de carreteras como formas de protesta y separar la Policía del Ministerio de Defensa.
En el marco de esa visita, la Fiscalía entregó un primer informe sobre las investigaciones realizadas hasta entonces, luego de que organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que al menos 77 personas murieron durante las protestas en Colombia, 34 de ellas a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y que 1.246 civiles fueron heridos, cifras que las autoridades sostienen que son menores.
El 27 de agosto, Barbosa también se reunió con el secretario genera de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con quien dialogó sobre los avances investigativos frente a delitos cometidos en el marco del paro nacional, así como también sobre el tráfico de migrantes en la región y la coordinación de acciones con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional) sobre actos realizados en el marco del conflicto armado interno.
