El Fiscal General, Francisco Barbosa aseguró que el Ejército no da garantías de seguridad tras el ataque a un helicóptero en el que iba una comisión de la entidad y de la Procuraduría a investigar las intimidaciones de militares armados y disfrazados de disidentes de las FARC a civiles de un caserío del norte del país.
"No existen garantías de investigación en Colombia. El Ejército no le da garantías de seguridad a la justicia, a la Fiscalía", dijo el jefe del ente acusador en una rueda de prensa en Bogotá.
La Séptima División del Ejército señaló en redes sociales que la "comisión integrada por 20 delegados de la Fiscalía y la Procuraduría y demás autoridades, que se desplazaba vía aérea hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, para verificar los hechos, fue hostigada con armas de largo alcance cuando se aproximaban al sector".
La información añadió que por este ataque el piloto de la aeronave cambió su destino y se dirigió hasta el Cantón Militar de Carepa, en el vecino departamento de Antioquia, "para garantizar la seguridad de la tripulación y los pasajeros".
El fiscal Barbosa dijo, además, que junto a la procuradora Margarita Cabello Blanco, enviarán una carta al presidente colombiano, Gustavo Petro, en la que expresarán la preocupación que los embarga porque los servidores de ambas entidades "no puedan cumplir adecuadamente con sus funciones en el territorio nacional".
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Por su lado, la procuradora Cabello dijo a periodistas que a raíz del atentado al helicóptero le pidió al Ejército garantías para avanzar en las investigaciones de lo ocurrido en Córdoba.
"Muy preocupada por los hechos ocurridos el día de hoy, conversé con el Comandante del Ejército, el general (Mauricio) Ospina, para exigir garantías de seguridad para la comisión que se encuentra en la zona y para las investigaciones que se continuarán realizando", indicó Cabello.
Barbosa pidió que fueran interrogados 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón 83 de Infantería de la Brigada 11 en el marco de esta investigación.
El Ejército indicó este miércoles que abrió una investigación disciplinaria contra militares que, armados y disfrazados de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, intimidaron a los habitantes del caserío.
Al respecto, el Gobierno calificó de "suma gravedad" lo sucedido el domingo pasado cuando, según se ve en videos publicados en redes sociales, los hombres, que se cubrían el rostro con capuchas, intimidan a la comunidad de Bocas de Manso, tras lo cual "se ordenó el desplazamiento de una unidad militar para brindar seguridad a los habitantes de este sector", detalló el Ejército en un comunicado.
En los videos se ve a la comunidad -en la que hay personas incluso con niños de brazos- discutiendo con los hombres armados y pidiéndoles que se identifiquen, cosa que los militares no hicieron.
