La Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia sobre el incumplimiento del Gobierno Nacional en la creación de los 40,000 empleos anunciados para el año 2024 en el Plan Nacional de Desarrollo. Según un informe de la Función Pública, el gobierno solo ha logrado cumplir con el 2,3% de esta meta, generando apenas 945 empleos formales de los previstos.
El organismo de control destacó que las cifras actuales están muy por debajo de las expectativas establecidas, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. La Procuraduría subraya que esta deficiencia en la creación de empleos es especialmente preocupante dado el alto número de contratos por prestación de servicios en la administración pública.
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De acuerdo con el informe, de las 496,134 personas vinculadas en plantas de personal de la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial, 354,246 están contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios. Este aumento en los contratos de prestación de servicios en lugar de empleos formales podría estar en conflicto con principios constitucionales, como el artículo 125 de la Constitución, que prioriza el mérito en el acceso a cargos públicos.
La delegada para la vigilancia preventiva de la Función Pública, que realizó el análisis del informe, ha señalado que estas cifras podrían indicar posibles violaciones a normas de rango constitucional. En particular, la inclusión de contratistas en las estadísticas de empleo formal es cuestionada, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad. El informe revela que, de los 15,618 empleados con discapacidad en el sector público, 2,248 son contratistas, una práctica que no está permitida y que ha sido erróneamente incluida en las cifras oficiales del Gobierno.
En respuesta a estos hallazgos, la procuradora delegada ha instado a formular un programa de acción con las entidades que tienen el mayor número de contratos de prestación de servicios. El objetivo es trabajar en la corrección de estas deficiencias y en el cumplimiento de la meta de creación de empleos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
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La situación plantea serias dudas sobre la capacidad del Gobierno Nacional para cumplir con sus compromisos y generar el impacto positivo esperado en el mercado laboral. La Procuraduría, en su rol de vigilancia y control, ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas efectivas y garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos, asegurando la transparencia y equidad en el acceso a los empleos públicos.
