Según denuncias realizadas en un documento publicado por los concejales Diego Cancino y Susana Muhamad, la Policía Metropolitana de Bogotá habría utilizado la infraestructura de los portales Suba y Américas para cometer actos de tortura en contra de manifestantes durante el paro nacional de 2019 y en las movilizaciones realizadas el 9, 10 y 11 de septiembre de 2020.
Los funcionarios afirman que hubo violación de derechos humanos, abuso de autoridad y retención ilegal hacia jóvenes que se encontraban en las manifestaciones.
Durante una rueda de prensa realizada por los concejales, un excontratista de la alcaldía de Kennedy identificado como Cristian Cabrera dio su testimonio acerca de los supuestos abusos cometidos por los uniformados durante el paro nacional de 2019.
El psicólogo de profesión, que se encontraba realizando labores de veeduría de derechos humanos durante las movilizaciones, narró que los policías detenían a los jóvenes para luego encerrarlos en un cuarto pequeño y posteriormente lanzarles gases lacrimógenos.
"Era un cuarto pequeño y habían ocho jóvenes encerrados que eran amenazados, y se les decía que no podían gritar, ni abrir la puerta, ni prender la luz", señaló Cabrera.
Además, afirmó que la delegación de derechos humanos que estuvo presente durante las protestas advirtió al Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Alcaldía los abusos que estaban sucediendo en el portal de las Américas.
“Verificamos las detenciones ilegales que se dieron en el cuarto del portal y las notificamos vía WhatsApp por medio de un grupo en el que estaba el personero, delegados de Secretaría de Gobierno y de la Alcaldía Mayor".
Asimismo, el excontratista aseguró que hizo llegar las denuncias a la alcaldesa local de Kennedy, quien habló con el exsecretario de gobierno y funcionario administrativo de Transmilenio Luis Alberto Gómez.
La funcionaria local y Gómez le habrían asegurado que las situaciones de abuso dentro de las instalaciones de transporte no se volverían a repetir y el tema quedó zanjado.
La concejal Susana Muhamad puso sobre la mesa varias responsabilidades que tienen que ser investigadas, entre ellas el papel que jugó la seguridad privada de los portales en la detención de los manifestantes y el supuesto borrado de pruebas que hizo el personal de aseo de Transmilenio luego de los hechos.
Por otra parte, según consta en el acta C4 del 29 de abril, miembros de la Policía agredieron a varias personas en el portal de Suba, hecho que se repitió el 19 de mayo, cuando uniformados maltrataron a 4 ciudadanos y los condujeron al interior del edificio de Transmilenio.
Según cifras oficiales de la propia institución policial, hubo 940 detenciones arbitrarias durante el paro nacional de 2019 y 592 casos entre septiembre y diciembre de 2020.
El Colectivo Alternativa, por su parte, informó que, de los 395 casos presentados en septiembre de 2020, solamente en 121 de los casos se realizaron procesos judiciales y un 30% de las investigaciones tienen indagación preliminar.
