El contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, realizó un análisis sobre la difícil situación financiera del transporte público en la capital, a la luz de la pandemia, y las opciones que le permitan generar recursos adicionales para apoyar su operación que por la emergencia sanitaria se ha visto afectada.
Franco señaló que la crítica situación financiera del sistema, como consecuencia de la disminución de pasajeros -descenso que comenzó en el 2017- la cual se agudizó, recientemente, se suma el retraso en la infraestructura, ya que de los 388 km inicialmente planteados para Transmilenio, hoy se encuentran construidos 125 km.
"También afecta el número de frecuencias y los tiempos de desplazamiento lo cual aleja a los usuarios y los lleva a que cada vez busquen mecanismos o medios alternativos para transportarse (...) Un usuario que pierde el sistema difícilmente vuelve a utilizarlo, lo cual también lleva a que busquemos unos mecanismos para garantizar la seguridad vial", detalló el contralor.
En ese sentido, recalcó que es de suma importancia alcanzar la sostenibilidad financiera del sistema mediante una revisión del actual modelo tarifario, a fin de generar un equilibrio entre el costo operativo (tarifa técnica) y la tarifa al usuario, diferencial que hoy asume el Distrito a través del Fondo de Estabilización Tarifaria.
Ante ese panorama, Franco sostuvo que es importante evaluar el impacto fiscal de no incrementar la tarifa en el Fondo de Estabilización Tarifaria, y además, analizar las diferentes opciones legales que permitan generar recursos adicionales para apoyar la operación del sistema de transporte, como la cofinanciación del Gobierno Nacional, el parqueo en vía, los cobros por congestión o por contaminación, los cobros de plusvalía y la pauta publicitaria, entre otros.
Sobre la cofinanciación con el Gobierno, la alcaldesa Claudia López había afirmado previamente que “si no confluimos en recursos con el Gobierno Nacional para solucionar el déficit de TransMilenio, el sistema estará en un riesgo real de quiebra”, advirtió la mandataria.
De igual forma, los expertos de las universidades y centros de pensamiento que participaron de la mesa de trabajo con la Contraloría sugirieron algunos puntos para ejercer un mejor control fiscal de cara a las nuevas dinámicas de la movilidad en la ciudad.
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Revisar el modelo tarifario y el esquema de subsidios a la población beneficiada.
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Revisar las competencias del sistema de transporte teniendo en cuenta la ciudad-región en aspectos tarifarios e integración modal.
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Fortalecer la movilidad no motorizada para que los usuarios que hoy se desplazan en bicicleta tengan mejores condiciones de seguridad vial; en la última década se incrementó en más de un 70% el parque de motocicletas en la ciudad, sin mencionar las ya matriculadas en municipios vecinos que hoy se desplazan en la capital.
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Evaluar la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo teniendo en cuenta la migración de usuarios al vehículo privado, la motocicleta y la bicicleta.
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Así mismo, durante la mesa de trabajo se planteó la necesidad de tener en cuenta otras opciones de financiación como la redistribución del presupuesto del Distrito, aumento de la inversión en el Fondo de Estabilización Tarifaria o el uso de la deuda pública.
El contralor de Bogotá indicó, además, que “se debe evaluar, de igual forma, adoptar las medidas necesarias para mejorar la calidad del servicio del transporte público de la ciudad en beneficio de los capitalinos”.
