La Administración de la alcaldesa Claudia López objetó parcialmente el proyecto de acuerdo de Emergencia Climática, en específico solo una de las 50 acciones, la 4.1.3, en la que obliga al Distrito a que todas las renovaciones de flotas de los componentes Troncal y Zonal deben hacerse a movilidad eléctrica a partir de 2022.
De acuerdo con lo expuesto por la mandataria de Bogotá, esa acción no es viable financieramente, ya que renovar la flota exclusivamente con tecnología eléctrica tendría un impacto fiscal significativo en la ciudad, pues implicaría un esfuerzo mayor para el SITP al incluir una restricción de adquisición con una tecnología que, además, requiere nueva infraestructura.
"Acelerar el proceso de transición hacia la movilidad eléctrica no significa necesariamente hacerlo bien, más cuando ya hay una hoja de ruta establecida. Además, la ciudad se encuentra haciendo grandes esfuerzos en términos de inversión para mitigar la crisis social y económica producto del Covid-19", señaló.
De realizar la renovación y adquisición de flota exclusivamente con tecnología eléctrica a partir de 2022, frente a otras tecnologías la diferencia en el Fondo de Estabilización Tarifaria – FET en el periodo 2021 – 2031 sería de $4.2 billones.
"Si el Concejo se comprometiera en aprobar las fuentes necesarias para acelerar la renovación de la flota, tal como se hace en otros países y ciudades del mundo, donde primero se disponen y garantizan los recursos y luego se generan las obligaciones, la Administración respaldaría cualquier acuerdo en ese sentido. Pero generar la obligación sin recursos no es viable ni sostenible", concluyó la alcaldesa.
El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, también explicó que apropiar recursos adicionales para acelerar la adquisición de la flota eléctrica en los términos indicados en el proyecto de acuerdo, generaría un impacto negativo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, afectando el indicador de sostenibilidad de las finanzas de Bogotá.
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Según el Distrito el proyecto se podría cumplir con nuevas fuentes de ingreso, pero aún no se han implementado alternativas en este sentido, pues no se han viabilizado fuentes como el estacionamiento en vía (a cuya implementación se opuso el Concejo) y la contribución a parqueaderos (que estaba en el proyecto del Plan de Desarrollo, pero el Concejo sacó el artículo).
"Una vez se logre avanzar en esas fuentes, será factible revisar el tema de renovación de flota únicamente con tecnología eléctrica. Pero antes, lo responsable y necesario es evaluar la sostenibilidad fiscal del sistema, teniendo en cuenta la situación por la coyuntura de la pandemia", puntualizó.
La Administración de Claudia López destacó que, en los últimos años, dentro de la flota del SITP se ha duplicado la participación de tecnologías vehiculares de cero o bajas emisiones de material particulado, al pasar del 33,1 % en 2014 a más del 60 % en la actualidad.
"La ciudad ya ha tomado importantes decisiones para migrar hacia tecnologías limpias, como el Corredor Verde por la Carrera Séptima con tecnología 100 % eléctrica y la construcción de más cables aéreos en diferentes localidades".
La decisión de la Alcaldía fue criticada por algunos concejales y senadores, Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter: "Lamentable que cuando solo resta una década para el punto de no retorno en el cambio climático si no detenemos las emisiones de CO2, Claudia objete el acuerdo sobre la emergencia climática en Bogotá, solo porque quiere que se compren más buses diésel".
"Cápsulas de memoria para Claudia López, la misma que hablaba de alternativas al cambio climático y que hizo show, como es costumbre, con la Declaratoria de Emergencia Climática, ahora objeta el articulado que pone freno a la compra de buses con combustibles fósiles en 2022", manifestó la concejal Heidy Sánchez.
