Durante la apelación a la decisión de medida de aseguramiento contra la Secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruíz, la Procuradora Delegada del caso, Beatriz Mejía, hizo énfasis en que las pruebas presentadas por la defensa minimizan el riesgo de las funcionarias, y pidió al juez de segunda instancia que no imponga medida de aseguramiento contra la secretaria de Educación y la funcionaria Lina Gil y se busquen alternativas diferentes a la casa por cárcel.
Dijo que el hecho de que sean funcionarias públicas, no significa que sean ordenadoras del gasto e intervengan en los contratos investigados. Así mismo, los abogados defensores, Santiago Trespalacios y Mildred Hartmann, dijeron que la medida es injusta e ilícita, y que la juez no escuchó los argumentos de defensa que desvirtúan a la Fiscalía “como si le estuvieran hablando a una pared”. Pidieron que el juez de segunda instancia revoque la decisión.
"No podemos dejar de lado dos situaciones que nos dan a conocer que, si bien siguen siendo funcionarias públicas, esto no es sinónimo de ser ordenador del gasto, tener disposición y dominio de la celebración de contratos. La Secretaria de Educación no tiene incidencia en la celebración de contratos, si bien está en un programa de inclusión social, está alejada totalmente de la celebración de contratos y estudios previos. Considero que es viable que la juez penal de circuito revise la decisión y haga una variación en la imposición de medida de aseguramiento presentada, de cara a buscar una alternativa distinta a la planteada por la juez en primera instancia”, señaló la Procuradora Delegada, Beatriz Mejía.
Por su parte, la abogada defensora Mildred Hartmann añadió: "tengo que rechazar enfáticamente que después de que en las últimas dos semanas que habló la Fiscalía, nos sentamos a organizar y refutar la información, solo para que la decisión desconozca todo lo que trajimos aquí. Es Como si le hubiéramos hablado a la pared, la señora juez obvió todo lo que trajimos, entregamos 51 elementos materiales probatorios y en la decisión, no veo dónde están”.
“Brilla por su ausencia en la intervención de la señora jueza, un test de suficiencia que termina concluyendo en la creación de una causal o fin constitucional no previsto en la ley, pero que se ha creado durante esta audiencia, que es la privación de la libertad en el domicilio para separar a alguien de un cargo, lo cual es contrario a las funciones de los jueces de control de garantías y la Fiscalía General de la Nación, que vulnera el principio de división de funciones, que le compete a la Procuraduría General de la Nación en un juicio disciplinario con todas las garantías”.
Medellín: A prisión domiciliaria la secretaria de Educación
Desde el pasado 13 de febrero la Fiscalía solicitó en audiencia la medida de aseguramiento preventivo contra la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo; la exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, Lina María Gil; y el representante legal de la Corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.
La petición se daría luego de que les imputaran los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El caso está relacionado con la denuncia que hizo a finales de 2020 el concejal de Medellín, Alfredo Ramos Maya, sobre las irregularidades en la contratación entre el programa Buen Comienzo y la cuestionada corporación Colombia Avanza de Bello.
Hoy 20 de febrero, la juez 39 penal municipal de la capital antioqueña tras una audiencia de cuatro días donde se escuchó a la Fiscalía y Procuraduría, dictaminó la medida de aseguramiento para la funcionaria líder del sector educación en el gabinete del actual alcalde Daniel Quintero. La misma, deberá seguir su proceso privada de la libertad en su casa, esto, hasta que un juez tome una decisión definitiva con respecto a los presuntos delitos que habría cometido. De igual forma, fue apartada del cargo.
Esta medida fue impuesta también a Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo. Mientras que a Henry Paulison Gómez, ex representante legal de Colombia Avanza se le otorgó la libertad por haber renunciado a su cargo el pasado martes.
Según los argumentos presentados por la Fiscalía, se habría presentado sobrecostos por un valor cercano de 2.000 millones de pesos, entre los dos contratos firmados con la empresa Colombia Avanza.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter: "Hoy quedó claro que no se perdió un peso. Durante el proceso nuestra Secretaria aclarará cualquier interrogante adicional sobre este tema. Respetamos las decisiones de los jueces (...) Nunca hubo sobrecostos en los alimentos de los niños. Juez 39 Municipal de Medellín".
La funcionaria también trino con respecto a la medida dictada: "Acatamos las decisiones de la justicia. Con serenidad seguiré defendiendo mi buen nombre y la gestión que con transparencia he realizado en la Secretaría de Educación de Medellín (...) Ante la justicia seguiré entregando la declaraciones que sean necesarias para demostrar que en la Secretaría de Educación hemos actuado apegados a la ley y siempre buscamos el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de Medellín".
