Un nuevo y trágico episodio de violencia sacudió al departamento del Guaviare en la madrugada de este lunes, cuando un pelotón del Batallón de Infantería N.º 19 Joaquín París fue emboscado por integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Jorge Suárez Briceño.
El ataque ocurrió en inmediaciones del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Charras, zona creada tras los acuerdos de paz de 2016 como parte del proceso de normalización de los excombatientes de las FARC.
El Ejército Nacional confirmó la muerte de seis soldados profesionales, entre ellos el sargento viceprimero Darwin Pérez Sánchez, y los soldados Jairo Arteaga Estrada, Anderson Steven Bohórquez Ospina, Juan David González Fernández, Carlos Andrés Pushaina Pushaina y Moisés David Cuadros Ruiz.
La institución lamentó profundamente la pérdida de estos “héroes de la patria”, al tiempo que informó que cinco militares que habían sido secuestrados durante el ataque fueron entregados horas después a la comunidad de Guanapalo por miembros del grupo armado.
Sin embargo, el soldado profesional Jean Carlos Bolaño Romo continúa desaparecido. Tropas del Ejército han intensificado las labores de búsqueda y registro en el sector, apoyadas por capacidades de inteligencia, movilidad aérea y operaciones terrestres, con el fin de dar con su paradero lo antes posible.
Reacción institucional inmediata
El Comando del Ejército ordenó el desplazamiento urgente del Jefe de Operaciones al lugar de los hechos, así como el refuerzo militar en la zona afectada. Las autoridades confirmaron que se ha activado toda la capacidad logística y estratégica para garantizar la seguridad del área y responder de forma adecuada ante nuevas amenazas.
El ataque ocurre en un contexto complejo, en el que el Ejército ha mantenido sus operaciones bajo el marco del Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, el cual establece la suspensión de operaciones ofensivas como parte del proceso de diálogo con el Estado Mayor de bloques y frentes de las FARC-EP (EMBYF FARC-EP). No obstante, la norma también contempla que la Fuerza Pública debe seguir cumpliendo su deber constitucional de preservar el orden y la integridad del territorio nacional.
Incumplimientos que tensionan el proceso de paz
Este nuevo acto de violencia representa un grave incumplimiento de los compromisos adquiridos por el EMBYF FARC-EP en la mesa de negociación que sostiene actualmente con el Gobierno nacional. La ofensiva criminal no solo quebranta los protocolos vigentes, sino que atenta directamente contra la confianza ciudadana en los esfuerzos de paz que se han venido construyendo con dificultades en los últimos años.
“El ataque demuestra el deterioro del compromiso de los grupos armados con los acuerdos firmados, y pone en entredicho la voluntad real de paz por parte de estos actores”, señalaron fuentes militares.
Posible participación civil bajo investigación
Un punto especialmente delicado del comunicado emitido por la Cuarta División del Ejército es la denuncia sobre la presunta participación de civiles en el ataque. Este hecho ya fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales y organismos internacionales, a los cuales se enviarán los informes e investigaciones correspondientes.
De confirmarse esta participación, se abriría una preocupante arista en el conflicto armado, implicando a sectores de la población en acciones armadas y exponiendo a la comunidad a represalias y estigmatización.
Solidaridad y continuidad de la misión militar
El Ejército Nacional expresó sus condolencias a las familias de los soldados asesinados y ofreció acompañamiento integral a través del Centro de Familia Militar de la Vigésima Segunda Brigada. “Nos duele profundamente esta pérdida. Cada uno de ellos dio su vida por proteger la paz y la seguridad de nuestro país”, dijo un vocero de la institución.
Las operaciones militares en el Guaviare continuarán, confirmó el Comando del Ejército, con el objetivo de garantizar la seguridad de las comunidades, proteger la vida de los ciudadanos y reafirmar el compromiso de la Fuerza Pública con la misión constitucional que le ha sido asignada.
Este nuevo episodio evidencia que, pese a los avances en la negociación con los grupos residuales de las FARC, la paz territorial sigue siendo una meta frágil y lejana en regiones históricamente golpeadas por la violencia.
