Solo este año al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, han ingresado 53 primates, de los cuales, 22 corresponden a monos titíes cabeciblanco Saguinus oedipus, once a monos cariblanco Cebus albifrons, 6 a martejas Aotus sp y monos aulladores Alouatta seniculus , tres a monos capuchino Cebus capucinus y tití gris Saguinus leucopos y por último y de a un solo caso, a titíes pigmeo Cebuella pigmea y tití panameño Saguinus geoffroyi.
Según la bióloga Laura Oyola Ceballos, profesional del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, todos estos animales han ingresado producto del mismo tráfico ilegal de fauna silvestre en la región y, en su gran mayoría, son neonatos, situación por la cual, para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como Autoridad Ambiental y la Academia, en este caso, la Universidad CES, encargada de la operación del centro de atención, se hace más complejo el proceso de rehabilitación de los animales y, es probable, que muchos de ellos ni siquiera puedan recuperar su libertad en el futuro.
Oyola asegura que quienes se dedican a traficar con primates están haciendo un daño grave al ecosistema y acaban con la vida de las madres, quienes prefieren atacar o morir antes que dejar que se lleven a sus hijos. “En primer lugar, para que una persona pueda obtener un primate tiene que primero matar a la madre o hacerle algún daño. Porque como son animales tan defensores de sus hijos, los bebés se aferran fuertemente a la mamá. Para poder quitarle a los bebés tienen que matarla”.
“Estos individuos nos representan un reto muy grande, y al ser animales tan dependientes de sus madres, el manejo y crianza se hace muy difícil. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, siendo animales gregarios, es decir, que viven en comunidad, se afecta aún más la situación, ya que la conformación grupal se hace compleja y a la vez, por la misma interacción con los ciudadanos, sus comportamientos y habilidades no serían las mismas”, indicó la bióloga del centro de atención.
De igual forma, la profesional aseguró que el hecho de apartar a un animal de su hábitat natural, como ocurre en la actualidad con 53 primates atendidos solo este año por la Autoridad Ambiental, hace que los individuos sufran cambios en su comportamiento, situación que afecta no solo los procesos de recuperación y readaptación, sino que, a la vez, se convierte para el equipo de médicos veterinarios y biólogos, en una manera de seguir trabajando por el bienestar de la fauna silvestre, en aras de lograr su libertad.
“Nuestra invitación es que el tráfico ilegal de fauna silvestre, en este caso, de lo que ocurre con los primates infantiles se detenga. Qué bueno sería que los ciudadanos entendieran que ni siquiera por lástima, tristeza o porque les conmueva el corazón, se deben poner en cautiverio a un animal de la fauna”, dijo Laura Oyola Ceballos, profesional del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Para el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la compra de animales en las carreteras, su adquisición por medio de regalos o, simplemente, por atracción de los ciudadanos, es entre otras, algunas de las modalidades que sigue incrementando el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Valle de Aburra.
En cuanto a la importancia de los primates para los ecosistemas, desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, recalcamos que estos individuos cumplen diferentes funciones, como ser dispersores de semillas, reforestadores, polinizadores, controladores de plagas y hasta se convierten en alimento de otros animales, por lo que, al apartarlos de sus habitantes naturales, los ciudadanos lo único que promueven es romper sus cadenas alimenticias y ciclos biológicos.
Vale la pena recordar que alejar a un animal de la fauna silvestre de su hábitat natural, no solo se considera un delito en Colombia (tráfico de fauna), el cual, se encuentra consagrado en el artículo 328A de la Constitución Política Nacional, y podría incurrir en una pena de hasta 60 y 135 meses de cárcel y, a la vez, en una sanción económica entre los 300 y hasta 40.000 salarios mínimos legales vigentes, sino que, también, se convierte en la posibilidad de que los animales pierdan por completo sus habilidades necesarias para la sobrevivencia en los ecosistemas, lo cual, en muchos casos, es producto de la muerte de cientos de ellos.
