En 24 días de paro nacional que cumple el país, la violencia, el recelo hacia la fuerza pública y unos diálogos entre Gobierno Nacional y el comité del paro que parecen no tener frutos, han hecho que a diario se viva una tensión e incertidumbre en todo el territorio colombiano.
Lo que se pensó como un paro nacional en contra de una reforma tributaria, -que, aunque se tumbó tendrá ajustes- pasó a ser un paro indefinido que ya cumple 24 días y deja millonarias pérdidas a distintos gremios por los bloqueos en los principales corredores viales. El Gobierno Nacional, aunque ha intentado mediar no consigue buenos resultados pues el comité del paro asegura que no hay garantías sobre la mesa. Las marchas siguen siendo el mecanismo por el que los jóvenes se hacen escuchar.
El Valle del Cauca ha protagonizado hechos de violencia de ambas partes: fuerza pública y protestantes, dejando heridos y muertos en ambos sectores y ha generado la imperiosa necesidad que el presidente Iván Duque y los ministros de Defensa y del Interior hagan presencia en la capital del Valle.
El pasado lunes festivo en horas de la noche, se generó una explosión cerca de una estación de gasolina y una sede de Ecopetrol en Yumbo, Valle; el alcalde de este municipio, Jhon Jairo Santamaría, informó que, tras estos hechos, 34 personas resultaron heridas y 2 perdieron la vida. La situación fue rechazada y catalogada como un acto terrorista.
¿Qué está pasando el Valle del Cauca?, ¿qué hay detrás de estas movilizaciones que terminan en violencia?, expertos en seguridad hablan a cerca de los últimos hechos de orden público que han sucedido en la región y lo que para ellos podrían ser las causas de este estallido social.
Para Katherine Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé, de Río de Janeiro, Brasil, lo que ha ocurrido en los últimos días en Cali y el Valle es el resultado de una mala lectura del gobierno nacional, según ella porque “se tiene que leer el Valle con unos lentes diferentes al resto del país, pues cada vez pasan cosas que se salen de la realidad o lo que creíamos que no podría pasar, el Valle es una región asfixiada”, manifestó.
La investigadora argumentó que todo esto se debe a que existe un rechazo al gobierno nacional y local “que nos ha abandonado como ciudad y región y en Cali la Alcaldía ha dejado la ciudad sola. Además, ha existido el fortalecimiento de organizaciones sociales que se ve reflejado en la planeación y en la participación de las mujeres, por ejemplo”.
Para el especialista en seguridad y terrorismo, Gustavo Orozco, la situación que vive el Valle del Cauca y en especial Cali, obedece a factores como la carencia de oportunidades y la presencia de estructuras de crimen organizado.
“En esta región confluyen todos los problemas que tienen una relación con la violencia de Colombia y esa relación pasa por ambos lados: crimen organizado y terrorismo y ausencia de oportunidades, lo que estamos viendo acá es un poco de ambos y hay que reconocer la realidad: el crimen organizado está aprovechando para pescar en río revuelto y sacar del descontento social una ventaja y por el otro, gente que por la ausencia de oportunidades, ve poco para perder y termina recurriendo a la violencia por la frustración”, afirmó.
Lo que ha estado pasando en Cali y el Valle el analista de seguridad y ex subsecretario de Seguridad de Cali, Pablo Uribe, lo definió como un estallido social que tiene muchos factores que van desde la desigualdad social, la inequidad social, el desempleo y la falta de oportunidades.
“Hay una inconformidad de parte del pueblo colombiano por las condiciones socioeconómicas que hay. Hay miles de jóvenes que realmente no tienen ninguna opción en la vida, no encuentran trabajo, muchos de ellos han tenido hijos a temprana edad y se sienten frustrados. Lo que pasó fue que todos ellos venían sintiéndose inconforme con la situación del país porque la pandemia empeoró todo esto y aumentó el desempleo y la pobreza”, argumentó Uribe.
Uribe es tajante y no duda al decir que las manifestaciones han sido el pretexto para que organizaciones criminales se infiltren y afecten el orden público de las ciudades. “Organizaciones criminales y pandillas, aprovecharon la confusión que iba a generar la movilización de este tipo para cometer delitos”.
El lunes pasado, en horas de la noche, el presidente Iván Duque informó en su alocución que se aumentará el pie de fuerza pública en los corredores viales para que sean desbloqueados.
“Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que, en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional para que, dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, les permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar”, dijo el presidente.
La alocución fue recibida para algunos sectores de la oposición como una decisión errada, que incitaría a más violencia y que se aleja de los diálogos que busca el Comité de Paro Nacional. En cambio, para otros, fue vista como el momento para que la fuerza pública retome el control de la situación y haga valer los derechos fundamentales evitando la violencia.
“Los bloqueos no pueden ser considerados parte de la protesta pacífica y eso lo han dejado claro algunas organizaciones internacionales de derechos humanos. Un bloqueo indeterminado yo creo que es excesivo. Si hay que usar la fuerza debería ser lo más mínimo y evitando la violencia”, dijo el analista de seguridad Pablo Uribe.
Y añadió una claridad para decir que el desbloqueo de las vías “no puede ser el pretexto para abandonar el dialogo con quienes quieren ser escuchados”.
Reforma Policial, ¿posible solución?
La violencia de ambas partes durante este paro nacional ha sido la protagonista, sin embargo, se han visto muchos videos en redes sociales en los que la fuerza pública: Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y la policía, atentan contra manifestantes causándoles fuertes heridas e incluso, la muerte.
La ONG Temblores, documentó que entre el 28 de abril y el 17 de mayo de 2021, es decir, en 20 de los 24 días del paro nacional, se han presentado cerca de 2.387 casos de violencia policial dentro de los cuales hay 43 homicidios que presuntamente habrían sido cometidos por la policía.
Las cifras son alarmantes. Por eso desde la pasada marcha del 21 de noviembre de 2019 en la que también hubo desmanes, heridos y fallecidos, se habla de una reforma a la policía con el objetivo de sacar las “manzanas podridas” y garantizar el derecho a la protesta pacífica y que “los ciudadanos no se sientan en riesgo”, dicen los colectivos manifestantes.
La propuesta no es descabellada, los analistas coinciden en que podría darse siempre y cuando haya claridad, voluntad y garantías. Según el analista de seguridad Pablo Uribe, la Policía “necesita cambiar para que recupere su legitimidad, es necesario que se saque a quienes han estado dañando el nombre de la institución. La gente necesita creer más en la institucionalidad y esta sería la oportunidad”.
La investigadora Katherine Aguirre piensa que la discusión de la reforma a la policía “tiene que darse y no se puede hacer en caliente, hay que hablar de diferentes puntos entre ellos a cuál ministerio debería pertenecer la policía”.
Por ahora, el proyecto a la reforma policial se encuentra en el Congreso y se espera ser discutida tras avivarse la polémica de abuso excesivo de la fuerza pública en el marco del paro nacional.
