En una carta abierta al presidente Iván Duque Márquez y su ministro de Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa, 230 expertos ambientales de las principales universidades colombianas y algunas del exterior, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para actuar de manera inmediata frente a la deforestación que causan los incendios en el bioma amazónico.
En esta misiva publicada en Territorios Sostenibles de Eugenio Prieto y enviada al Jefe de Estado el pasado 7 de febrero, se da tras conocer que las quemas en esta zona del país, ocurridas en la primera semana de febrero, han consumido miles de hectáreas y que, por ejemplo, municipios como Calamar, en el Guaviare, ya se declararon en alerta roja por la emergencia.
Debido a este problema, el gobernador del Guaviare, Heydeer Yovanny Palacio Salazar, declaró el 4 de febrero alerta roja en todo el departamento “debido al incremento de incendios forestales que ya consume más de 10.000 hectáreas afectando cultivos de pan coger, flora y fauna”. Según la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) 55 kilómetros de carretera conformarían esta tragedia ambiental.
Según los firmantes, en los últimos días organizaciones de la sociedad civil y entes territoriales han denunciado quemas e incendios asociados al acaparamiento de tierras sobre grandes extensiones de bosques en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo (área conocida como el arco de la deforestación).
“Coincidimos en que es necesario tomar medidas inmediatas para frenar esta alarmante situación. Es urgente diseñar e implementar una hoja de ruta que movilice articuladamente al Ejército Nacional, los bomberos de todo el país, la Defensa Civil y la Fuerza Aérea Colombianas para que con su intervención se detenga esta tragedia ambiental que supone enormes costos sociales y ecológicos. Es inadmisible que en territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Tinigua, la Serranía de la Macarena y la Serranía de la Lindosa, los bomberos dependan de voluntarios para apagar el fuego y no cuenten con agua ni sistemas aerotransportados para sofocar los incendios”, dice la misiva conocida por Territorios Sostenibles.
Según los expertos, lo que está en juego es la pérdida de biodiversidad de la que depende la vida en el planeta y el agudizamiento de la crisis climática. El bioma Amazónico tiene un papel vital en la disponibilidad de agua para el consumo humano a través de los “ríos voladores”, la capacidad de retención de agua, y la evapotranspiración. “Por cuenta de los incendios estamos emitiendo monóxido de carbono y dióxido de azufre, que son gases de efecto invernadero en unas magnitudes que afectan inclusive a otros países, lo que nos hace responsables internacionalmente en caso de no actuar de inmediato”.
Es tan complicada la situación, según los expertos en calidad del aire, que los niveles de emisión actuales son tan alarmantes en estos territorios que son comparables solamente con algunas zonas industriales en China, lo que va completamente en contravía con el Acuerdo de París, la COP26 y la declaratoria de Glasgow sobre deforestación de la cual Colombia es firmante, más cuando sabemos que en esta época siempre se generan incendios.
¿Y las acciones preventivas?
Para los científicos, las acciones deben ser preventivas, no reactivas. Afirman que esta es una tragedia anunciada y año tras año en temporada seca vemos, con impotencia y dolor, al Amazonas arder. En los meses de noviembre y diciembre de 2021 se generaron las condiciones para los peores incendios que hemos visto en los últimos 15 años. Grandes cantidades de madera acumulada, una temporada particularmente seca (más de 40 días sin lluvias), dinámicas fortalecidas de apropiación de tierras, impunidad frente a los grandes deforestadores, y falta de una respuesta oportuna y efectiva del Estado, están llevando el norte del Amazonas a un punto de quiebre irreparable.
Para los investigadores es crucial que se despliegue una estrategia integral de choque para sofocar los incendios junto con la judicialización de los financiadores de las quemas y el acaparamiento, y una mayor presencia del estado en zonas tradicionalmente marginadas.
“Las herramientas legales ya existen y el mismo Gobierno actual plasmó el delito de la deforestación en la Ley 2111 de 2021 de delitos ambientales. Es necesario fortalecer la detección de incendios con mecanismos satelitales, implementar sanciones ejemplares sobre quienes determinan estos hechos y excluir del catastro agropecuario bosques que han sido quemados para su apropiación”.
En la misiva recalcan, además, que la falta de acción inmediata puede llevar a una catástrofe sin precedentes en el país, con implicaciones locales y globales, además de irreversibles. “Es más, el 5 de febrero Bogotá declaró alerta ambiental y emergencia hospitalaria, en parte, por cuenta de la contaminación del aire resultado de los incendios en Guaviare y la Orinoquía”.
Para la comunidad científica es claro que permitir este tipo de incendios y no actuar de forma inmediata es un ataque frontal a las áreas de suprema importancia para la conservación de la biodiversidad del planeta, no solamente de Colombia.
Por lo anterior, dicen los firmantes, “solicitamos la movilización inmediata del Ejército Nacional, con apoyo de los bomberos de todo el país, la defensa civil y la FAC, con sistemas aerotransportados para agua y herramientas que mitiguen esta tragedia para que trabajen articuladamente con la Unidad Unificada de Mando. Igualmente solicitamos que se activen los canales internacionales para solicitar ayuda inmediata a otros países para afrontar la crisis que no fuimos capaces de prevenir”.
