Este jueves 9 de septiembre se conmemora una vez más el Día nacional de los Derechos Humanos (DDHH) en Colombia, una fecha en la que le hace un homenaje a San Pedro Claver, un misionero y sacerdote español del siglo XVII que dedicó gran parte de sus días a aliviar el sufrimiento de los esclavos negros en Cartagena de Indias.
Por esta razón, funcionarios del Gobierno y organizaciones de todos los orígenes y posiciones, conmemoran el día publicando algunas de las cifras que demuestran el avance (o retroceso) del país en esta materia. Uno de ellos fue precisamente el presidente de la República, quien aseguró en la mañana de este jueves que los logros del país en la defensa de los DDHH han sido muchos.
“La forma más clara de materializar el espíritu de los Derechos Humanos es a través de la configuración material de la equidad ¿En qué consiste? La equidad consiste en darle a los ciudadanos las oportunidades que merecen y requieren para alcanzar un proyecto indeclinable de vida”, aseguró el mandatario en una rueda de prensa en la que además se encontraban el ministro de Defensa, Diego Molano, y consejera presidencial para los DDHH, Nancy Patricia Gutiérrez.
El mandatario también se refirió al compromiso del país con la migración, específicamente con aquella que proviene de Venezuela. Incluso recibió en medio de la reunión un reconocimiento por parte del Director General de ONU Migración, Antonio Vitorino.
“Esas banderas que nos definen a nosotros como nación, son las que hemos materializado cuando vemos a miles de hermanos y hermanas venezolanos, que con frío en los huesos, que con desolación en sus corazones, han tratado de cruzar una frontera con una luz de esperanza. Esa es hoy la crisis migratoria más grande del mundo”, señaló Duque.
Por su parte, varias entidades estatales se sumaron a resaltar los logros del Gobierno, como la Consejería para la Estabilización, que publicó la cifra de 7.070 excombatientes que ahora se encuentran vinculados a la formación académica. También lo hizo así la Agencia de Tierras, quien aseguró que han sido invertidos 9,3 billones de pesos para la transformación de los municipios afectados por la guerra y se han logrado formalizar 490 mil hectáreas para las comunidades indígenas del país.
También destacan los nuevos accesos al servicio agua de 251.584 personas en el país y más de 18 mil que ahora disfrutan de energías renovables, entre otras cifras.
Así mismo, resaltan los mensajes de distintas alcaldías y mandatos locales a nivel nacional que han manifestado su apoyo a la celebración y homenajearon a las personas que luchan por los Derechos Humanos en Colombia.
Paro Nacional y Derechos Humanos
En esta ocasión el Día Nacional de los DDHH se conmemora en medio de uno de los momentos quizá más difíciles y controversiales de Colombia en esta materia. Precisamente, hace un año en Bogotá ocurrió la muerte de 13 personas en las protestas por el asesinato de Javier Ordoñez en la localidad de Engativá. Hechos por los que aún 13 familias siguen sin obtener justicia.
Por su parte la alcaldesa Claudia López se pronunció con motivo de este hecho, asegurando que siente “como propio el dolor de las familias de la tragedia ocurrida del 9 al 11 de septiembre en Bogotá”, algo que decenas de personas le reprocharon en Twitter por lo que consideran un doble mensaje: “mano dura con los manifestantes y luego homenaje a las víctimas de la brutalidad policial”.
Lo cierto es que los 13 fallecidos están lejos de ser la única cifra preocupante de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en Colombia. En el marco del Paro Nacional del presente año, de acuerdo con cifras de Indepaz, al menos 75 personas murieron en las protestas (44 con presunta autoría o participación de la Fuerza Pública), así como 83 sufrieron violencia ocular y se presentaron 28 casos de violencia sexual, 1.832 detenciones arbitrarias y 1.468 casos de violencia física.
Igualmente, cifras que ayudan a dimensionar la grave situación que se vivió durante el Paro Nacional fueron las publicadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que aseguró que durante las manifestaciones se presentaron al menos 165 agresiones contra periodistas, para un total de 186 víctimas. Entre estos se encontraron que fueron frecuentes disparos directos con armas de fuego, agresiones con objetos contundentes o armas no letales, gases lacrimógenos, entre otros.
Cifras que manchan la garantía de los Derechos Humanos
Otra cifra que destaca es el asesinato de líderes sociales en el país, un problema asociado con los actores armados ilegales que se disputan el control de los territorios y persiguen a las voces disidentes (en ocasiones en asocio con la política local). Solo en lo corrido de 2021, según Indepaz, han sido asesinados en Colombia 115 líderes sociales y 36 firmantes de paz, así como han ocurrido 69 masacres.
En otra cifra más reciente la organización aseguró que durante el mandato de Iván Duque han sido asesinadas 123 lideresas sociales, algo que podría tener un grave trasfondo al ser la mujer un sujeto de especial protección constitucional.
Siguiendo esa línea de poblaciones protegidas, se celebra también en el mundo el Día internacional para proteger a la educación de ataques, por medio del cual la ONU busca generar conciencia sobre una de las víctimas generalmente más olvidadas por las partes beligerantes de los conflictos armados: los niños y niñas.
“No se puede garantizar el derecho de un niño a la educación en zonas de conflicto si no se protege la propia educación. La educación puede salvar vidas. Cuando no van a la escuela, los niños se convierten en objetivo fácil de abusos, explotación y reclutamiento en fuerzas y grupos armados”, asegura las Naciones Unidas en un comunicado.
Colombia no es ajeno a este flagelo. El informe “Proteger la educación de ataques 2020” de la GCPEA (una coalición global enfocada en enfrentar esta problemática), señala que en el país se identificaron “decenas de amenazas contra docentes, que en algunos casos hicieron que estos dejaran de trabajar”. Quedando incluso en línea con países con historiales antidemocráticos y de guerra mucho peores.
“Entre 2015 y 2019, se informaron incidentes de uso militar de escuelas o universidades en 33 países, incluidos 27 cubiertos en el informe: Afganistán, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Colombia, Etiopía, Filipinas, India, Irak, Libia, Malí, Myanmar, Níger, Nigeria, Pakistán, Palestina, República Centroafricana, República Democrática del Congo (RDC), Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Turquía, Ucrania, Venezuela y Yemen”, señala el informe.
A eso se suma la inclusión de Colombia en la lista de países en los que se sigue evidenciando reclutamiento forzado de niños, ataques a establecimientos de educación superior, así como casos de violencia sexual contra estudiantes.
“GCPEA concluyó que miembros de fuerzas armadas, cuerpos de seguridad pública y otras entidades de seguridad del Estado y grupos armados no estatales cometieron actos de violencia sexual en el contexto de ataques a escuelas o inmediatamente después de estos, sobre todo contra alumnas y enseñantes mujeres”, reza el documento.
