En Colombia, la justicia opera en un terreno donde el poder mediático y político pueden influir en la percepción pública de lo que es justo o injusto. El caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, es un claro ejemplo de cómo la viralidad, el populismo y la victimización pueden ser utilizados como herramientas para evadir responsabilidades.
Su condena a más de cinco años de prisión por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019 reabrió el debate sobre la aplicación de la ley en el país. Ahora, desde la cárcel, Barrera busca que su condena sea reducida, argumentando que es una madre cabeza de hogar y una generadora de empleo. El mismo presidente Gustavo Petro ha cuestionado su condena, sugiriendo que se trata de un castigo excesivo para alguien de origen humilde.
Este caso plantea un dilema clave: ¿hasta qué punto la fama y el discurso populista pueden influir en la justicia?
De la viralidad al delito: ¿estamos premiando la controversia?
Cuando Epa Colombia publicó el video donde destruía parte de una estación de TransMilenio, su objetivo no era protestar contra una injusticia social, sino ganar notoriedad en redes. Lo que hizo no fue un acto de activismo, sino una estrategia de impacto digital que le dio más seguidores, más visibilidad y, eventualmente, una plataforma para construir su negocio.
Sin embargo, el problema no es solo su acto vandálico, sino cómo la sociedad permitió que lo convirtiera en una oportunidad de crecimiento. Su marca de productos capilares se consolidó, su audiencia creció y pasó de ser vista como una delincuente a una empresaria de éxito.
En este punto surge una reflexión preocupante: ¿hasta qué punto estamos normalizando que figuras públicas moneticen la polémica y luego se presenten como víctimas cuando enfrentan las consecuencias?
Populismo y victimización: cuando la justicia se usa como bandera política
Desde que comenzó su proceso judicial, Epa Colombia ha cambiado el discurso de su caso. Ya no se trata de una persona que cometió un delito y paga su condena, sino de una supuesta víctima del sistema judicial.
Su equipo legal ha argumentado que es una mujer trabajadora, madre cabeza de hogar y generadora de empleo, y que, por lo tanto, su castigo es injusto en comparación con políticos y empresarios corruptos que siguen libres.
El presidente Gustavo Petro también ha entrado en la discusión, insinuando que Barrera está siendo castigada por su origen humilde mientras los grandes corruptos quedan impunes. Esta narrativa de victimización ha convertido su caso en un símbolo populista: una historia de desigualdad donde la justicia supuestamente solo castiga a los más débiles.
El problema de este discurso es que ignora un punto fundamental: Barrera no está en prisión por ser pobre, sino porque cometió un delito, lo grabó, lo publicó y lo convirtió en espectáculo.
¿Justicia selectiva o manipulación mediática?
Uno de los argumentos más utilizados en defensa de Epa Colombia es que su condena fue excesiva, especialmente en un país donde casos de corrupción de gran magnitud quedan en la impunidad.
Si bien es cierto que la justicia en Colombia es desigual, eso no significa que actos como el de Barrera deban quedar impunes. La legalidad no debe ser una competencia de quién merece más o menos castigo, sino un principio que se aplica con equidad.
Aceptar que ella sea liberada solo porque hay criminales peores en libertad enviaría un mensaje devastador: que la justicia puede ser moldeada a conveniencia de la presión mediática y la influencia política.
El castigo de un delincuente no debe depender de su nivel de fama, sino de sus actos.
Conclusión: la justicia no puede ser un juego de popularidad
El caso de Epa Colombia es un claro reflejo de cómo la sociedad y la política pueden distorsionar la justicia. Desde la viralidad de su delito hasta su transformación en “empresaria redimida”, su historia ha sido moldeada para generar impacto mediático y ahora, incluso, para influir en la opinión pública.
Si el gobierno cede ante la presión de su discurso populista y la justicia permite que salga antes de tiempo, estaremos abriendo la puerta a que cualquier figura pública con influencia pueda torcer la ley a su favor.
Este no es un debate sobre si Epa Colombia es buena o mala persona. Es una discusión sobre qué tipo de justicia queremos para Colombia.
Porque si la ley se vuelve un juego de popularidad, entonces el principio más básico de nuestro sistema legal –la igualdad ante la ley– habrá sido traicionado.
