Cuando solo le faltan tres meses y medio para terminar con la que ha sido la alcaldía más accidentada en lo legal, el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández renunció al cargo a través de una carta que redactó estando hospitalizado.
El polémico mandatario ya había anunciado en junio de este año que renunciaría si un juez no anulaba la sanción de suspensión por tres meses de la Procuraduría por golpear al concejal John Jairo Claro.
La Procuraduría lo sancionó de nuevo hace una semana por presunta participación en política. El mandatario local optó por renunciar para no cumplir con esa nueva suspensión de tres meses.
Movida judicial
Adolfo Hernández Suárez es el alcalde con mayor número de investigaciones, 25 en total, algunas por sus manifestaciones violentas.
En la carta de renuncia, que no ha sido oficializada dice:
"Hoy es un día triste para la democracia colombiana"
El alcalde sostiene que el Procurador General "ha vulnerado mis derechos políticos, sancionándome con tres meses de suspensión por haber cumplido con mi deber de advertirle a la ciudadanía sobre la vergonzosa compra de votos".
El jefe del Ministerio Publico Fernando Carrillo le respondió desde Tunja diciéndole que espera que Rodolfo Hernández "le ponga la cara a la justicia".
Carrillo se pronunció a la salida de la consulta ciudadana 'Voz por la justicia', en Tunja y aseguró que Rodolfo Hernández tiene que aclarar su situación judicial en todas sus investigaciones.
"Él tiene múltiples problemas disciplinarios y como resultado de muchas investigaciones hay problemas penales al interior de su propia familia. Entonces que no se cambien las circunstancias al decir que hay una responsabilidad de la Procuraduría". Fernando Carrillo.
Largo recorrido
El mas sonado caso de Hernández Suárez hizo tránsito por varias instancias judiciales a través de una tutela que el abogado de Hernández Suárez interpuso para impedir que se cumpliera la suspensión por golpear al concejal.
La magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, Solange Blanco, admitió la acción de tutela en contra del auto que ordenó la suspensión provisional del mandatario mientras se adelantaba la debida investigación.
La decisión le permitió a Hernández Suárez regresar a su despacho , habiendo cumplido solo 20 días de la sanción de la Procuraduría.
La tutela fue fallada en contra del alcalde en el Consejo de Estado, pero no pudo cumplir el resto de la sanción de la PGN, por cuanto ya había vencido el tiempo de la suspensión.
Dos alcaldes al tiempo
La alcaldía quedó en el limbo, había alcalde encargado, Manuel Azuero, pero Rodolfo Hernández aparentemente podía volver a ocupar su cargo.
La Procuraduría intervino de nuevo, el Consejo de Estado dictó una segunda sentencia en la que mantenía la suspensión contra Hernández.
Por decisión de la gobernación Germán Torres Prieto, ex director de Tránsito de Bucaramanga, quedó encargado en la alcaldía de Bucaramanga.
De nuevo en junio de este año el proceso sufrió un giro por decisión de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa.
Esta instancia declaró la nulidad de la actuación del Ministerio Público por el caso de la agresión al concejal John Jairo Claro.
El cargo una vez más quedó en el limbo, no estaba claro quien debía estar en la alcaldía: Rodolfo Hernández o Germán Torres.
El 19 de junio el juez Quinto Laboral del Circuito, ordenó la nulidad de los actos administrativos de la Gobernación de Santander.
El juez consideró que se violó el debido proceso en la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría contra Rodolfo Hernández.
Nueva sanción
Al alcalde de nuevo lo notificaron de una sanción con suspensión de tres meses por aparentemente intervenir en política por
una supuesta relación con Juan Carlos Cárdenas, candidato a la alcaldía de la capital santandereana.
Al parecer enfermó con la noticia y terminó hospitalizado. En plena clínica renunció de manera irrevocable y así evita cumplir la suspensión justo en los tres meses que le quedaban como alcalde.
A pesar de la renuncia tendrá que responder en todos los procesos que tiene abiertos en la Procurtaduría, entre ellos el de la adjudicación de una licitación a la firma Vitalogic, que al parecer permitió se ganara y que tiene que ver con el manejo de las basuras. 
