Un total de 24 congresistas de varios partidos políticos presentaron este miércoles 22 de julio la reforma política constitucional. Los tres puntos principales de este proyecto son eliminar el voto preferente, listas paritarias entre hombres y mujeres y cambio generacional de los candidatos.
De la radicación del proyecto hicieron parte congresistas del partido Liberal, Alianza Verde, Centro Democrático, Conservador, La U y Cambio Radical. La reforma que proponen y entrará en debate, pretende empezar a regir a partir del 2026.
El primer punto de la reforma establece que se creen listas cerradas y bloqueadas a las corporaciones públicas. Es decir que a las votaciones las personas solo podrán consignar su voto por el partido que presente las ideas de su gusto y no por políticos individuales. Ya no se votaría por un rostro, sino por el programa y las ideas del partido político.
“Es urgente que Colombia migre hacia las listas cerradas y que lo haga de manera gradual. Estamos proponiendo que a partir de 2026 las listas cerradas y bloqueadas sea la forma en la cual se elijan congresistas, diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales”, señaló el representante de Cambio Radical, José Daniel López, vocero de la reforma política.
Según el documento de la reforma, “el estudio comparado entre 44 países, realizado por Chang y Golden (2007) muestra que la corrupción política se reduce cuando se aplica el sistema de listas cerradas en los distritos con mayores escaños legislativos asignados (District magnitude). Lo anterior, se debe a que los sistemas que permiten menos personalización generan menos incentivos al gasto electoral y evitan el estímulo de financiación con dineros ilícitos”.
El segundo punto que se establece es que estas listas de partidos, aún cerradas, tengan una alternancia entre hombres y mujeres. De manera que cada escaño de la lista sea ocupado por una persona de género diferente con el fin de promover la inclusión política de las mujeres.
“Solamente el 12% de los alcaldes son mujeres, 17% de los concejales y el 20,4% del congreso son mujeres”, señaló el representante López y agregó: “El proyecto viene acompañado de dos figuras de inclusión más que buscan ampliar la participación de sectores tradicionalmente marginados de la representación política en Colombia. Una de ellas es la lista cremallera o paritaria para que las listas sean ocupadas por una mujer, un hombre, una mujer, un hombre o viceversa”, explicó.
Uno de los puntos que más llamó la atención de la reforma, presentada generalmente por congresistas jóvenes de los partidos políticos, es que establece un cambio generacional de los aspirantes a las corporaciones públicas.
El proyecto plantea, como tercer punto principal, que las listas tengan un recambio generacional de tal manera que por cada tres posiciones, las listas deberán tener un candidato menor de 35 años para el Senado de la República o de máximo 30 años para las demás corporaciones.
“Figura que no nos va a beneficiar a los presentes, porque si empieza a regir, la mayoría de los que estamos acá habremos pasado la edad prevista. Somos muy jóvenes para el Congreso pero no según la ley, cada tercer renglón debe haber un menor de 35 años para las elecciones a congreso y menor de 30 en las demás elecciones”, señaló López.
El representante de Cambio Radical señaló que la reforma también planteará: “Tres elementos claves: financiación preponderantemente estatal de las campañas políticas. Entendemos que es absolutamente imposible que las campañas, que desde el 2026 tendrán de protagonistas a los partidos más que a las figuras políticas, sean financiadas única y exclusivamente por el Estado, no solamente por la carga fiscal que ello supone sino también porque hay muchos gastos cotidianos y perceptibles que terminan siendo asumidos por los partidos”, aseguró.
Esto, dado que la financiación por recursos privados ha encarecido los costos de las campañas políticas, dejando de lado a aquellos candidatos que no cuentan con un respaldo financiero amplio. Lo que pretende esta reforma es que la financiación de las campañas, principalmente estatal, aumente la transparencia, con menores costos y disminuya el ingreso de recursos ilegales a las campañas.
El segundo punto es “la democratización interna de los partidos, para generar un sano equilibrio entre las listas cerradas y prevenir el riesgo de la dictadura de bolígrafo al interior de los partidos, donde los determinados actores políticos terminen afincados hasta el infinito en una corporación pública”.
Esta democratización se realizará en otra norma que se deberá dar trámite luego de la aprobación de la reforma política que presentaron. En la cual pretenden que se establezcan mecanismos internos en los partidos para que por medio de encuestas o votaciones internas se elija a quienes deben conformar las listas cerradas.
Así mismo plantearon la idea de que el transporte de los votantes en las jornadas electorales sea garantizado, principalmente en los sectores rurales, para que “la capacidad logística no se vuelva el factor diferencial de éxito de una campaña política”, señaló el congresista José Daniel López. Esto implicaría la creación de más votos rurales y puestos de votación móviles que acerquen a las poblaciones a los lugares de escrutinio.
Según la MOE “hay 360 municipios del país que por sus características geográficas, administrativas y demográficas presentan alta probabilidad de tener población con dificultades de acceso a puestos de votación, que por lo tanto se constituyen en ciudadanos imposibilitados para ejercer el derecho al voto”, se cita en la exposición de motivos.
La reforma política es uno de los debates más importantes que se harán en la actual legislatura del Congreso de la República, y afecta directamente los intereses de los partidos políticos y algunos clanes que mandan en las elecciones regionales.
