En medio de crecientes denuncias sobre presunto espionaje a entidades gubernamentales y de justicia en Colombia, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta oficial en X para abordar públicamente el tema, asegurando que desde el inicio de su gobierno ha instruido a los organismos de inteligencia para que no se utilicen contra la oposición, la prensa ni las cortes. Este pronunciamiento surge tras la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre un posible nuevo caso de interceptaciones ilegales, esta vez apuntando hacia la Corte Constitucional.
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"Desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que, si hicieron otros en el pasado", escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial.
Estas declaraciones se producen después de que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, mencionara durante un debate de control político en el Senado la existencia de supuestas interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. González afirmó haber recibido información al respecto mientras ocupaba el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
“El año pasado conversé varias veces con el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, varios temas teníamos respecto a la función mía y la que él desempeñaba, pero en tres ocasiones el presidente me dijo -doctor Carlos Ramón tenemos informes de que nos están chuzando a los magistrados, nos están haciendo seguimientos-”, reveló González durante el debate.
El director de la DNI también indicó que, aunque no tenía información confirmada sobre tales prácticas, no descartaba que algún funcionario estuviera llevando a cabo estas actividades ilegales. Subrayó la importancia de denunciar cualquier tipo de tropelía cometida por personal de inteligencia.
La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación formal para esclarecer estos hechos, que podrían constituir un grave atentado contra la independencia judicial y la privacidad de los altos funcionarios del país. Este nuevo caso de espionaje plantea serias preocupaciones sobre la seguridad institucional y la confianza en los organismos de inteligencia en Colombia.
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Ante la gravedad de las acusaciones, se espera que tanto el gobierno como las autoridades judiciales tomen medidas contundentes para esclarecer los hechos y garantizar que este tipo de acciones no se repitan en el futuro, asegurando así el respeto a los derechos constitucionales y la separación de poderes en el país.
