En medio de la controversia desatada por la investigación preliminar de la Fiscalía contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presuntos vínculos con el caso de corrupción en la UNGRD, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su colaborador y arremetió contra lo que llamó un doble estándar en el tratamiento de las acusaciones.
Petro, en una conferencia de prensa, afirmó que las visitas de congresistas al ministerio eran legítimas y destinadas a buscar apoyo para proyectos regionales, algo que según él, no constituye ilegalidad. "No entiendo por qué ahora se critica este tipo de gestiones cuando en administraciones pasadas eran prácticas comunes y aceptadas", expresó el presidente.
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El mandatario colombiano defendió la labor de Bonilla como responsable de asegurar la ejecución de proyectos mediante créditos, destacando que la Comisión Interparlamentaria de Crédito tiene un rol específico que no implica la aprobación de leyes, como se ha malinterpretado. "Estamos buscando financiamiento responsable para cumplir compromisos anteriores", recalcó Petro.
En cuanto a las acusaciones de corrupción, el presidente fue enfático en señalar que Bonilla es un ministro honesto que no ha participado en actividades ilícitas. "No se ha enriquecido ilegalmente ni ha utilizado su posición para favorecer intereses privados", aseguró Petro, quien instó a la Fiscalía a profundizar en las investigaciones para esclarecer cualquier irregularidad y recuperar fondos desviados.
Además, Petro aprovechó la oportunidad para criticar la gestión del gobierno anterior, acusando a la administración de Duque de mantener en sus cargos a funcionarios bajo investigación. "Diferencio mi actuar al frente del Gobierno al remover a quienes incurren en irregularidades, como el caso reciente de Olmedo", apuntó el presidente, haciendo referencia a acciones contundentes frente a presuntos actos de corrupción.
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La declaración de Petro busca no solo defender la integridad de su ministro de Hacienda, sino también reafirmar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en su administración. Mientras tanto, el país sigue expectante ante los resultados de las investigaciones judiciales que podrían esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este caso.
