Este lunes 14 de diciembre inició el trámite de un proyecto de ley que busca permitir que los paramilitares declaren ante la Jurisdicción Especial para la Paz, e incluso, que aquellos expulsados de Justicia y Paz puedan acceder a los beneficios nuevamente.
El proyecto es de autoría del senador Roy Barreras, uno de los parlamentarios que ayudó en la ejecución del Acuerdo de Paz con las Farc, quien aseguró que la iniciativa busca articular los dos sistemas de justicia transicional vigentes en el país.
“El objeto de este proyecto de ley es hacer una articulación entre el sistema de justicia transicional creado en el Acuerdo Final de Paz y desarrollado en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en las Leyes 820 de 2016, 1922 de 2018 y 1957 de 2019 y el sistema de justicia transicional de la Ley 975, con el fin de garantizar en forma integral los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia”, dice el articulado del proyecto.
El proyecto plantea que los grupos armados desmovilizados por la ley de Justicia y Paz puedan acceder a la JEP en calidad de testigos comparecientes, aportar verdad al sistema de Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición y obtener beneficios judiciales.
El proyecto plantea la definición de condiciones para que aquellos ex paramilitares desmovilizados con la ley de Justicia y Paz, luego de comparecer ante la JEP, puedan solicitar su reingreso a esa normativa transicional. Será la Fiscalía General de la Nación la que determine, con base en sus aportes a la justicia colombiana, si acepta que retornen.
Según el senador Barreras, autor de la iniciativa, no es posible la reconstrucción de los hechos y la construcción de la verdad en la justicia ordinaria, por lo que se hace necesario ofrecer un mecanismo que permita la reconstrucción de verdad del conflicto armado en el país.
“Este proyecto, al permitir que los actores materiales y determinadores de los crímenes, quienes empuñaron las armas, los paramilitares, acudan a la JEP pero en condición de testigos comparecientes, permite que las víctimas tengan la verdad y que las personas vinculadas con estos hechos también encuentren una solución jurídica en la JEP”, afirmó el senador.
Según explicó, la articulación radica en que la JEP sea el organismo de verdad de Justicia y Paz. Los paramilitares acudan y de acuerdo a la verdad que entreguen, ese Tribunal Especial les conceda un certificado que posteriormente evalúa la Fiscalía para otorgarle beneficios judiciales.
“Manteniendo a los paramilitares en su jurisdicción, no estamos autorizando que los paramilitares sean sujetos procesales de la JEP, ellos permanecen en Justicia y Paz, pero acuden a la Comisión de la Verdad o a la JEP a obtener un certificado de verdad, a decir verdad nueva y esclarecedora, y si así lo determinar la JEP, si esa verdad es nueva, es esclarecedora, si verdaderamente tiene una utilidad frente al derecho de las víctimas; si la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determina que determinado paramilitar dijo algo útil, esclarecedor para las víctimas, este individuo regresa a su jurisdicción para poder reclamar los beneficios de la justicia transicional”, explicó Barreras.
El proyecto generó debate en la Comisión Primera, tan extenso, que por agenda legislativa no se pudo realizar la votación en primer debate. El presidente Iván Duque ha reiterado su rechazo a que los paramilitares accedan a la JEP y de igual manera lo hicieron los miembros de su partido, el Centro Democrático, en el debate de la iniciativa.
El senador Santiago Valencia aseguró que “el proyecto no aporta al esclarecimiento de la verdad”, pues consideró que si los paramilitares ya incumplieron las condiciones de una justicia transicional, nada asegura que no incumplan nuevamente en otro o el mismo sistema.
“Me preocupa es que la coexistencia de los dos sistemas, al final, termine por no garantizar el esclarecimiento de la verdad y la impunidad; toda vez que si muchos de ellos, por ejemplo, ya incumplieron en la ley de Justicia y Paz, algunos fueron extraditados porque incumplieron. No tendría ningún sentido que si ya estuvieron en un sistema transicional como Justicia y Paz, ahora con la falsa expectativa, digo falsa porque ya incumplieron un acuerdo, ahora para ir a la JEP se les ofrezca que a través del esclarecimiento puedan obtener beneficios mucho más generosos”, señaló Valencia.
Tanto él como la senadora María Fernanda Cabal calificaron la ley de Justicia y Paz como un premio para los paramilitares, y rechazaron el proyecto porque consideraba que otorgaba beneficios a criminales que ya faltaron con sus obligaciones.
“Justicia y Paz fue un premio para que dejaran de matar colombianos”, aseguró la senadora Cabal y agregó: “¿Será que la JEP se quedó sin testigos para seguir persiguiendo a la gente buena de este país? Será que necesitan seguir premiando a los paramilitares ya premiados suficientemente en la ley de Justicia y Paz, pagando 5 a 8 años, después de cometer toda clase de crímenes y aberraciones entendiendo por supuesto que esto fue la degradación máxima a la que nosotros nos hemos enfrentado como sociedad en la historia de Colombia”, afirmó.
“Es falso que los paramilitares hayan sido extraditados para ocultar la verdad. Allá en esas cárceles de Estados Unidos accedían los senadores que muchos hemos conocido y representantes a la Cámara, fue la época en que más colaboración recibieron de la justicia norteamericana para que fueran, n veces viajaron. Como entraban aquí a las cárceles muchas ONG que terminan siendo unas fachadas dizque de defensa de derechos humanos para recoger testimonios falsos”, puntualizó la senadora del Centro Democrático.
Por su parte, el senador Rodrigo Lara defendió la iniciativa e invitó a sus compañeros de bancada a apoyar el proyecto. Argumentó, al igual que Barreras, que la ley de Justicia y Paz no cuenta con un mecanismo de verdad que permita la reconstrucción de los hechos del conflicto armado.
“El sistema de Justicia y Paz es muy eficaz para desmovilizar a los paramilitares, pero es ineficaz si se trata de conocer la verdad sobre el conflicto. El sistema de Justicia y Paz tiene como elemento principal el fraccionamiento de la verdad, en tantos procesos jurídicos o investigaciones penales, como delitos haya podido cometer el responsable paramilitar; y al fragmentar la verdad, en cuanto proceso o criminales existan, se hace imposible tener una visión holística de la verdad”, señaló Lara.
El senador agregó que la forma de garantizar la no repetición del conflicto, es por medio de un sistema de verdad fuerte. “Si no hacemos un deber de memoria, un deber de reconstrucción general, será muy difícil evitar esa herencia probable de un conflicto interno y es el siguiente conflicto interno. Ese es el fundamento del sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo podemos reconstruir la verdad, si un sector o una parte del conflicto, no puede presentar su testimonio o ser citado por la JEP?”, puntualizó el senador Lara.
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La votación del proyecto será este martes 15 de diciembre, por lo que aún no se conoce si superará su primera prueba para pasar a los demás debates necesarios para su trámite en el Congreso, que deberán surtirse en la próxima legislatura.
