Según lo denunció el senador Antonio Sanguino en un debate de control político y lo confirmó la canciller Claudia Blum, el gobierno nacional no tiene conocimiento del paradero de ocho paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos tras ser excluidos de la ley de Justicia y Paz.
Lea también: Corte Suprema remite desacato del ministro de Defensa a Tribunal de Bogotá
La revelación se realizó por un debate de control político que citó el senador Sanguino, de la Alianza Verde, en la Comisión Segunda del Senado de la República. En esa discusión, el senador cuestionó los mecanismos de retorno al país de los paramilitares extraditados durante el proceso de Justicia y Paz que logró la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.
Colombia cuenta con un tratado de extradición vigente, desde el 14 de junio de 1979, ratificado en 1982, sin embargo, ese acuerdo deja “a discrecionalidad” de los gobiernos de ambos países, la extradición y posterior deportación de los reclusos, lo que ha complicado su retorno al país y el sometimiento a la justicia colombiana por parte de los jefes paramilitares.
Bajo ese entendido, Sanguino aseguró que 32 paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos entre 2006 y 2018, de esos, 30 fueron enviados a cárceles norteamericanas por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, durante los años 2006 y 2009.
“Fueron extraditados 32, de los cuales 12 fueron excluidos de Justicia y Paz; 11 siguen cobijados por esta ley y de ocho extraditados el Ministerio de Justicia nos dice no tener ninguna información. El Estado colombiano no tiene información sobre el paradero, estado del proceso, lugar donde se encuentran de ocho de los 32 extraditados”, denunció Sanguino en el debate.
Se trataría entonces de los paramilitares:
- Jhon Eiderlber Cano Correa, alias “Flechas”
- Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”
- Huber Aníbal Gómez Luna, alias “El Mello Rico”
- Álvaro Antonio Padilla Meléndez, alias “Topo”
- Álvaro Antonio Padilla Redondo.
- Jhon Alexander Posada Vergara, alias “Jhonny Cano”
- Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, alias “Nacho”
- José Gregorio Terán Vásquez, alias “El Pipón”
Esta información fue confirmada por la canciller Claudia Blum, quien aseguró que el retorno al país de los condenados no está contemplado por el tratado de extradición, sino que corresponde a la decisión de ambos Estados, para coordinarla.
Así mismo, Blum agregó que “a partir de las listas que se han conformado por el Ministerio de Justicia, hemos solicitado a los consulados tratar de ubicar la información. En algunos casos esto es posible, cuando los condenados acuden a Estados Unidos a solicitar algún acompañamiento, pero en otros casos es una tarea más compleja, pues puede tratarse de personas que han obtenido medidas de protección que es reservada. Seguiremos trabajando para obtener información y conocer la situación de esas personas”.
Sin embargo, estos no fueron los únicos problemas que encontró el senador Sanguino y su equipo de trabajo en los procesos de extradición que tiene el país con Estados Unidos.
Sanguino señaló que no se cuenta con ninguna garantía de que los paramilitares, al regresar al país, se sometan a la justicia y entreguen verdad a las víctimas, más cuando han sido excluidos de la justicia transicional que los logró desmovilizar.
Señaló que “el 93% de los hechos cometidos por los paramilitares no han sido investigados”, por lo que hasta el momento, un total de 76.713 hechos delictivos de esa organización aún siguen sin aclarar.
En reparación material a las víctimas, el proceso tampoco ha resultado efectivo. “El fondo de reparación ha girado 71.791 millones, de los cuales el 91% fueron cubiertos con recursos del presupuesto nacional. Las víctimas en general han sido reparadas con los recursos de los impuestos de los colombianos y colombianas, mientras que 5.100 millones 6.4% provienen de los postulados y 2.863 del Fondo para la Rehabilitación e Inversión Social contra el Crimen Organizado”, señaló Sanguino.
Le puede interesar: La pulla que le envió Andrés Parra a Luis Carlos Vélez
“Encontramos otra perla, no se prohíbe la concesión de asilos o refugio una vez cumplan la pena en el país requirente. No se garantiza el apoyo con el esclarecimiento de la verdad, es decir: el que no quiera contar la verdad, pues no la cuenta y las víctimas siguen en Colombia esperando esa verdad dolorosa que además implica encontrar fosas comunes, encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas por los paramilitares, devolución de predios o propiedades que fueron despojadas a sangre y fuego. Todavía están las víctimas esperando esa verdad”, puntualizó el senador.
