La legislatura 2020-2021 inició con un primer periodo particular, fue la primera vez en la historia que el Congreso no sesionó desde el capitolio. A causa del aislamiento requerido para atender la pandemia de coronavirus, los congresistas se vieron obligados a trabajar desde sus casas.
Esa discusión se tomó gran parte del primer semestre del año, pues al igual que todas las instituciones, no se tenía un plan listo para este tipo de situaciones. Desde la declaratoria de la primera cuarentena, se propuso retornar el 20 de marzo, pero no fue sino hasta que el presidente Iván Duque decretó las sesiones virtuales del Congreso, que la corporación regresó.
Ese decreto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, que decidió que el Ejecutivo no puede interferir ni ordenar al Legislativo, lo que sumió a los congresistas en un limbo jurídico de su labor para el segundo semestre de la legislatura.
A pesar de los contratiempos y las dificultades de la virtualidad, la Cámara de Representantes y el Senado de la República, lograron adelantar debates y aprobar varios proyectos. Así mismo, vivió la separación del cargo de tres congresistas.
La primera fue la renuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien decidió abandonar su curul luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención en el mes de agosto. Posteriormente salió Soledad Tamayo, quien había asumido el puesto de Aida Merlano, a quien se le aplicó la silla vacía y la curul debía quedar desierta. Finalmente, antes de terminar la legislatura, la cámara alta aceptó la suspensión de Eduardo Pulgar, quien es investigado por soborno a un juez.
A parte de estas situaciones, el Congreso de la República adelantó varios debates, sacó adelante nuevas leyes para el país y dejó algunos proyectos para los años venideros. Estos son los cinco proyectos más importantes, que dejó este 2020 el órgano legislativo.
Presupuesto General de la Nación
Como es común, el Presupuesto General de la Nación se robó gran parte del protagonismo de los debates. Finalmente, el proyecto radicado por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda fue aprobado por el Congreso.
El 28 de noviembre el presidente Iván Duque sancionó el proyecto, el cual tiene un monto total de 313.9 billones de pesos, de los cuales 58,6 billones serán para inversión, una de las cifras más altas en la historia del país.
El ministro informó que los recursos propios son de 18,7 billones, ingresos corrientes por 154 billones, ingreso de capital, por 123 billones, fondos especiales, por 14 billones. 185 billones irán en gastos de funcionamiento, 75,9 billones en servicio de deuda. El presupuesto de educación pasó de 3.6 a 3.9 billones.
Varios sectores anunciaron que uno de los mayores riesgos del presupuesto es que no tiene financiación fija para todo el monto. De estos, 12 billones se describieron como “disposición de activos” y 26.1 billones corresponden a “otros recursos de capital”, como señaló el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en su momento. Eso significaba una hoja en blando a disposición del Ejecutivo.
Reactivación económica
La agenda legislativa, como se solicitó al inicio de la legislatura 2020-2021, se centró principalmente en la reactivación económica y los beneficios fiscales para apoyar a los sectores en la superación de la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19.
Uno de esos fue la destinación de los recursos y la ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal que irá hasta el primer trimestre del 2021 y busca apoyar el pago de nómina y prima para los trabajadores de las empresas que hayan visto una disminución de más del 20% de sus recursos a causa de la pandemia de Covid-19.
En ese paquete también se aprobaron leyes como la ley de Emprendimiento que estableció incentivos a las nuevas empresas, a las iniciativas de negocio lideradas por mujeres y tarifas especiales para los registros Invima y la declaración de rentas en esos proyectos económicos.
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También se formalizó la reforma a la Ley de Turismo que redujo al sector hotelero los impuestos de IVA e Impoconsumo, así como el IVA a los tiquetes aéreos y otros servicios con el fin de incentivar la recuperación de uno de los sectores más golpeados por la pandemia de Covid-19.
Otro de los proyectos en ese sentido fue Reactivación y Fortalecimiento del sector Cultura, a través del cual se formalizó la creación de Foncultura, un fondo que ofrecerá becas para los desarrollos de las industrias creativas en el país.
Reforma a la Ley de Regalías
Uno de los proyectos de mayor discusión fue la reforma a la Ley de Regalías, que dio tránsito en el Congreso de la República por poco más de un año y medio. Este 2020, el legislativo aprobó finalmente el proyecto que fue sancionado por el presidente de la República.
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Los departamentos que tengan en sus territorios explotación de recursos naturales como petróleo o carbón, tendrán una asignación de sus propios recursos del 25%, sobre el 11% que se tenía establecido.
Así las cosas, las regiones productoras recibirán más ganancias por los recursos que producen, pero esta asignación no afectará los dineros para otros municipios, pues se redujo el ahorro para generar una redistribución equitativa con los demás territorios.
Los municipios más pobres recibirán 15% Por primera vez el medio ambiente contempla recursos, se destinarán 5% para la lucha contra la deforestación. Así mismo, de las regalías saldrá un 10% para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Con esta reforma, las regiones tendrán mayor autonomía, pues ya no existirán los OCAD y serán las Alcaldías, Gobernaciones y el Departamento de Planeación Nacional quienes determinen cómo se distribuirán los recursos originados por las regalías.
Uno de los puntos más polémicos del trámite fue el incentivo para los pilotos de fracking en el país, los cuales quedaron eliminados de la ley después de un amplio debate en la Cámara de Representantes y la posterior conciliación.
Prórroga de la Ley de Víctimas
Este 2020 el Congreso le cumplió a las víctimas con la aprobación de la prórroga hasta el 2031 de las Ley de Víctimas y los decretos correspondientes, para medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución tierras a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, comunidades indígenas y gitanos y víctimas en general.
Esta prórroga es importante, pues desde la promulgación de la Ley en el año 2011, según los estudios, solo han sido reparadas 986.961 personas, de las cuales faltan cerca de 7´829.743 sobre el total de víctimas acreditadas en el país.
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Sin embargo, es necesario que las entidades correspondientes aceleren los mecanismos de reparación integral, pues con el ritmo mostrado en los pasados 10 años, se necesitarán hasta 47 más conseguir la retribución a la población cobijada en la Ley de Víctimas en el país.
Reforma al Código Electoral
La reforma más grande que se realizó en este año legislativo fue el nuevo Código Electoral, que reformó al ya treintañero que había regido las elecciones de las últimas décadas en el país y empezaba a ser cuestionado.
En sesiones extraordinarias y con debates finales hasta la medianoche, el Congreso de la República dejó en firme la reforma al Código Electoral antes de entrar al periodo de vacancia legislativa.
Algunos de los cambios, pese a que la reforma contempla 273 artículos, son la extensión de la jornada electoral que irá desde las 8:00 am. hasta las 5:00 de la tarde y una semana para los colombianos residentes en el exterior.
Aunque no quedaron claras las condiciones, la reforma contempla la implementación del voto mixto entre físico y electrónico, así como la inclusión de un software de escrutinio que la Registraduría y el CNE deberán coordinar, pero no se implementará en las elecciones presidenciales de 2022.
Otro de los apartes establece las elecciones como un asunto de seguridad nacional, lo que fue criticado por la oposición porque podría dificultar la veeduría del proceso electoral. Sin embargo, se contempla como una medida para la protección del resultado y el escrutinio.
Finalmente, el aparte más celebrado fue la paridad de género, la cual estableció que las listas a corporaciones públicas deberán incluir 50% mujeres y en listas de menos de 5 candidatos, el porcentaje de género deberá ser del 30%. Esta medida garantiza la participación de las mujeres, pero ha sido criticado por la falta de garantías para su elección o promoción política.