El Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Justicia Néstor Osuna, lidera el proyecto de ley de sujeción a la justicia para estructuras armadas, con el que busca desarticular a las bandas criminales que operan en todo el territorio nacional y así avanzar en su meta de ‘Paz Total’ para Colombia.
La iniciativa fue presentada semanas atrás por el jefe de la cartera de Justicia en compañía del Senador Ariel Ávila y el Representante Alirio Uribe, yse encontraba a la espera de un concepto por parte del Consejo Superior de Política Criminal que finalmente expresó sus recomendaciones para la iniciativa.
Aunque el Consejo presentó concepto favorable al proyecto de ley de sujeción a la justicia, también señaló serias recomendaciones e inquietudes, principalmente por parte de la Fiscalía General de la Nación, así como de la Procuraduría General de la Nación.
¿Qué reparos colocó el Consejo Superior de Política Criminal?
Por medio de un documento de 13 páginas el Consejo Superior de Política Criminal cuestionó la exposición de motivos frente a la necesidad e impactos que tendría la cárcel intramural tal y como la plantea el proyecto de ley.
“Carece de una robusta evidencia empírica, como criterio o lineamiento político criminal que debe cumplir la iniciativa, máxime cuando la propuesta conlleva un impacto serio y real en el sistema penitenciario y carcelario”, señaló el documento solicitando mayores justificaciones también frente a sus consecuencias en el sistema penal.
Así mismo, destacó la falta de claridad frente al “universo poblacional específico” que se busca impactar con la ley de sujeción, es decir, falta claridad respecto a cuáles o cuántas son las las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que podrían someterse.
Por otro lado, señaló la falta de un análisis frente a la carga presupuestal que podría significar “la creación de cargos al interior de entidades como la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo”, por lo que además destaca la necesidad de un concepto por parte del Ministerio de Hacienda frente a su viabilidad económica.
Frente al papel de las víctimas también hace hincapié en que es necesaria su participación “desde etapas tempranas del proceso y que, por ejemplo, sus observaciones puedan servir como insumo para la construcción de la imputación colectiva”, y que no se limite su voz al momento de la restauración, cosa que puede “contrarrestar los derechos de la víctima a la obtención de la verdad”, plantea.
¿Qué propone el gobierno en su ley de sometimiento?
El proyecto de ley se podría resumir en 8 puntos que a grosso modo explican la iniciativa.
- Inicialmente se trata de una sustitución de pena a las personas o estructuras que ayuden al desmantelamiento total de las bandas bajo la premisa de verdad, reparación y no restitución.
- Con la ley de sometimiento no se crea ningún nuevo organismo o jurisdicción especial para el sometimiento de las bandas delincuenciales. Quienes se vinculen deberán someterse a la justicia ordinaria.
- Se contemplan penas de entre 10 y 12 años, de los cuales 6 y 8 deberán purgarse en prisión y una etapa de ‘justicia restaurativa’ de entre 2 y 4 años.
- No se le otorga estatus político a ninguna organización criminal que se someta.
- La verdad tendrá un lugar preponderante y por ello se establecen mecanismos de contrastación para verificar las versiones de las estructuras criminales y las víctimas tengan garantías.
- Quien se someta a la ley de sujeción a la justicia podrá conservar máximo el 6% del total de sus bienes mientras que el resto se destinará a la reparación.
- Puerta cerrada para los colados. Tanto la Fiscalía General, como el Alto Comisionado para la Paz, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia verificarán a quienes se sometan.
