El Presidente Iván Duque le envió una carta al secretario General de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, en la que le solicitó extender la Misión de Verificación del organismo en Colombia para que haga un seguimiento y verifique la aplicación de sanciones por parte de la justicia transicional.
El Jefe de Estado aseguró que en la carta, que elaboró con el Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, le pidieron al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas que extienda el mandato de la Misión de Verificación que tiene en Colombia hasta 2022.
"Para que se haga un seguimiento minucioso y se verifique la aplicación de sanciones por parte de la justicia transicional y que verifique el cumplimiento efectivo de las mismas", dijo el mandatario.
Explicó, además, que "esa comunicación está orientada a que se cumplan los principios de verdad, justicia y reparación y no repetición", en la medida en que consideró que "ese es un paso que queremos dar para garantizar efectividad en las sanciones y que esto también sea conocido por el Consejo de Seguridad de la misma organización".
Por esta razón, le pidió a Emilio Archila y Miguel Ceballos, que revisen en detalle con el Carlos Ruiz Massieu (Jefe de la Misión de Verificación), una vez tengan la respuesta del secretario Guterres, para que esta solicitud se haga efectiva.
En el más reciente Informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, el secretario General de las Naciones Unidas reconoció "la reducción en los niveles de violencia, la ampliación de la democracia, los avances en la justicia transicional, los logros del proceso de reincorporación de excombatientes y la puesta en marcha de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET)".
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"Los avances en el proceso de reincorporación y en los PDET deben ir acompañados de una implementación más vigorosa de otras partes del Acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios, requisito necesario para que se arraigue una paz firme y duradera", dijo el secretario General.
En este sentido, recomendó como primera prioridad para el 2021 asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto y líderes sociales y los defensores(as) de los derechos humanos. Ya que desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado 248 asesinatos de excombatientes (incluidas seis mujeres), 21 de ellos durante este período y 73 durante 2020.
Según el informe de la ONU, el Gobierno asignó aproximadamente 13.500 millones de pesos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en septiembre, en cumplimiento de la orden de la JEP de cubrir las vacantes de escoltas y analistas dentro de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección (SESP) de la Unidad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha contratado a ningún escolta y solo a 27 analistas.
Por lo tanto, consideró que es necesario asegurar la dotación completa de personal de la SESP, especialmente tomando en cuenta que, desde la firma del Acuerdo, 25 excombatientes (todos hombres) han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección, y que todavía hay más de mil solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación.
"Es clave adoptar una estrategia enfocada en brindar seguridad a las nuevas áreas de reincorporación, incluso a través de despliegues efectivos de las Fuerza Pública alrededor de ellas, pues los excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) sufren de mayores niveles de violencia".
