El pasado 16 de mayo el Consejo de Estado decidió anular la elección de Aida Merlano como representante a la Cámara por el Atlántico, tras el escándalo que se destapó por la compra de votos que efectuó en ese departamento para asegurar la cantidad votos necesarios.
En su momento esa corporación afirmó que Merlano incurrió en conducta ‘corrupta’, al hacer parte de una organización con la que se benefició para las elecciones del Congreso de la República para el periodo legislativo 2018 - 2022.
Merlano quien sigue siendo procesada por estos supuestos delitos que le atribuyen, se encuentra privada de la libertad y su curul, que le sumaba un miembro al partido Conservador, fue ocupada por la siguiente en la lista de esa colectividad, Soledad Tamayo.
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Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado para mantener viva la curul de Merlano generó polémica porque la ley en el Artículo 134 de la Constitución Política establece que:
"En ningún caso podrán ser reemplazados (congresistas) quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad".
Si bien unos argumentaban que se debía aplicar la silla vacía, otros interpretaron la decisión del alto tribunal como nulidad electoral lo que permite se proceda a llamar al siguiente en la lista.
A este discusión se sumó recientemente la Procuraduría General que a través de un comunicado informó que le solicitó al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia dejar sin efecto la posesión como senadora de Soledad Tamayo.
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