El 5 de enero es la primera fecha que la oposición venezolana tiene marcada en su agenda de este 2020. Este día comienza un nuevo período de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, y se deben renovar los cargos de la Junta Directiva, integrada por un presidente y dos vicepresidentes.
Al asumir la legislatura actual, después de triunfar en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, la oposición había establecido un esquema rotativo según el cual, los primeros cuatro años, los partidos más votados en los comicios –el denominado G4: Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular– se turnarían la presidencia, un año cada uno.
El quinto y último año, o sea, este que recién comienza, correspondería a un representante de los partidos minoritarios encabezar la junta directiva.
Sin embargo, en el último semestre de 2019 se rompió ese acuerdo por una razón importante: es al presidente de la Asamblea Nacional (AN) a quien le corresponde encargarse de la presidencia del país, ante la falta absoluta del Presidente de la República, según lo establecido en el artículo 233 de la Constitución.
Después de las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, la oposición venezolana ha insistido en que Nicolás Maduro está usurpando el poder. Por eso, y con base en el mencionado artículo constitucional, Guaidó se proclamó presidente interino el pasado 23 de enero de 2019. Ahora, para mantenerse en el cargo, debe ser reelegido presidente del Parlamento.
Lo primero fue fácil: conseguir el apoyo de los partidos minoritarios, que en su mayoría se mostraron dispuestos a ceder su turno en aras de mantener la continuidad en la presidencia encargada. Guaidó ha logrado conseguir el apoyo de 56 países del mundo, algo que quizás no mantenga otro opositor.
Pero después comenzaron las dudas de si Guaidó tendría los votos suficientes para garantizar su reelección, debido a la disminución de la bancada opositora por la persecución política que, según la organización Acceso a la Justicia, ha forzado a 27 diputados a exiliarse y mantiene a dos diputados tras las rejas.
A esto se sumó la denominada “Operación Alacrán”, que consistió en la supuesta compra de votos por parte del oficialismo, por montos que oscilaban entre el medio millón y el millón de dólares. La principal coalición opositora, la otrora Unidad Democrática, acusó en los últimos días de 2019 a una decena de parlamentarios de ser “corruptos”.
Aún así, Guaidó cuenta con los votos suficientes para su reelección este domingo. Necesita 84 sufragios a su favor y, sin contar a los exiliados, tiene asegurados al menos 87 y hasta 93, si se toma en consideración una votación que se hizo en el parlamento el pasado 17 de diciembre. Mientras que el oficialismo, que tras desconocer a la AN en el 2016 y declararla en desacato a través del Tribunal Supremo de Justicia, volvió a sus escaños en septiembre de 2019, solo lo hizo con 38 de sus 55 diputados originales.
En cualquier caso, hay muchas expectativas sobre lo que sucederá este día: si se permitirá el acceso al Palacio Federal Legislativo; si se permitirá el voto a distancia de los diputados opositores en el exilio, tras una reciente reforma al reglamento interno del parlamento que, sin embargo, anuló el Tribunal Supremo de Justicia, designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente; y, por supuesto, cuál será el resultado de la esperada votación.
Este será el último año de la legislatura actual, en manos de la oposición. Este 2020 corresponden elecciones parlamentarias para la nueva legislatura, que arrancaría el 5 de enero de 2021. Y, con ellas, se presenta un nuevo reto para la opción que encabeza Guaidó: mantener su mayoría en el Parlamento.
