Este viernes 30 de diciembre a través de un video y una carta que lleva como título: 'Tregua y paz', la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc anunciaron su deseo de establecer un diálogo que los incluya en la apuesta de paz total del Gobierno de Gustavo Petro.
"Nuestro mayor sueño y nuestro principal deseo para Colombia en el año nuevo que ya despunta en el horizonte, es un porvenir de paz construido sobre la base de la dignidad humana. No es una quimera pensar que esto puede lograrse mediante un gran acuerdo político nacional que introduzca los cambios constitucionales que la paz demande, tal como se consigna en la introducción del Acuerdo de La Habana", se puede leer en el texto.
Por tanto, las disidencias anuncian su voluntad de negociación: "Las FARC-EP, Segunda Marquetalia, estarán listas para iniciar conversaciones de paz con el gobierno, una vez concluyan los diálogos exploratorios que se adelantan con ese propósito".
Además, fueron más allá y revelaron nombres de plenipotenciarios para un eventual diálogo: "Informamos al país Nacional y al gobierno del Presidente Petro que nuestros plenipotenciarios para un eventual diálogo de paz son, los compañeros Walter Mendoza, Iván Alí y Yurleni Guerrero y otros compañeros que se sumarían más adelante a la mesa".
Es válido recordar que la paz total a la que se refiere la disidencia, es un proyecto de ley que corresponde a la prórroga de la Ley 448 de 1997, más conocida como de orden público, que tiene como objetivo “consagrar los instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones".
En este caso en específico, lo que hizo el gobierno fue darle un nuevo enfoque al asunto, cambiando parte de su articulado o incluyendo nuevos propuestas, esta vez con el fin de “definir la política de paz como política de Estado”. Dotando de nuevas herramientas para, por ejemplo, negociar con grupos armados.
En el texto se deja claro además que cualquier instrumento en el marco de la “paz total” deben regirse por principios como evitar la impunidad, garantizar la seguridad de los colombianos, condiciones de no repetición y acceso a la verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas.
De igual forma, se deja claridad de que todo irá encaminado a construir una cultura de reconciliación y no estigmatización, también contando con la participación, por ejemplo, del sector religioso. Esta ley, espera ser sancionada en el año próximo, esto si logra superar las recientes polémicas que se han generado en varios de sus debates.
