La Corte Constitucional admitió este miércoles 14 de agosto la primera demanda contra la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro, presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Este recurso quedó a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente del alto tribunal.
“Admitir la demanda radicada con el número D-15.989, presentada por la ciudadana Paloma Susana Valencia Laserna en contra la Ley 2381 de 2024, respecto del cargo primero (desconocimiento del artículo 157 de la Constitución Política), del cargo segundo (vulneración del artículo 48 de la Constitución por parte del artículo 93 de la Ley 2381 de 2024), y del cargo tercero (vulneración del artículo 48 de la Constitución por parte del artículo 84.5 de la Ley 2381 de 2024)”, fue la decisión del magistrado.
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Además, el vicepresidente de la Corte señaló que la demanda presentada por la congresista es concisa y aborda los cuestionamientos que han surgido en torno al procedimiento legislativo que culminó en la aprobación de la reforma pensional del presidente Gustavo Petro.
El magistrado también explicó que la demanda pretende demostrar que se infringió el artículo 157 de la Constitución al omitir un aspecto fundamental en el trámite legislativo.
De acuerdo con el análisis, la demanda es pertinente porque presenta un argumento constitucional válido y suficiente, "En cuanto suscita, prima facie, una duda sobre la constitucionalidad de la ley objeto de reproche".
¿Por qué la senadora Paloma Valencia impulsó la demanda?
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia presentó una demanda contra la reforma pensional, argumentando que la Cámara de Representantes aprobó el texto del Senado sin un debate adecuado, lo que viola el proceso legislativo.
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También cuestionó la creación de un régimen pensional especial para ciertos grupos, lo cual está prohibido por la Constitución, y criticó la discrecionalidad otorgada al Dane para definir requisitos de pensión para millones de personas.
Razón por la que el magistrado de la Corte Constitucional encargado consideró estas preocupaciones válidas y admitió la demanda, solicitando documentación del Congreso sobre el proceso legislativo.
