Tanto a lo largo de campaña como en los casi dos años que cumple ya el presidente Gustavo Petro en el poder, el suministro de agua potable para el departamento de La Guajira ha sido una prioridad. En medio del escándalo de corrupción desatado al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, que incluyó sobre costos en la compra de carrotanques, este objetivo ha continuado por parte de la administración actual, que recientemente entregó un balance de los avances en esta materia.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informó que 91.532 habitantes del departamento de La Guajira ya cuentan con acceso a agua potable, según lo revelado en una reciente sesión de seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. Esta sentencia había declarado un estado de cosas inconstitucional en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, debido a la falta de protección de los derechos al agua, salud y alimentación de las comunidades indígenas wayúu.
La ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, explicó que los avances son resultado de proyectos de rehabilitación y suministro de agua potable en 162 comunidades. Hasta la fecha, se han invertido más de $21.000 millones en estas iniciativas, que incluyen la construcción y rehabilitación de 560 infraestructuras, de las cuales 62 ya han sido completadas.
Además, el Ministerio ha liderado el Comité Técnico de Agua en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Este comité ha facilitado la coordinación entre entidades nacionales, departamentales y municipales, permitiendo la implementación de acciones necesarias para asegurar el acceso al agua en La Guajira.
En paralelo a estos esfuerzos, desde el Gobierno se ha anunciado la apertura de un concurso público internacional, publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), para estructurar una solución definitiva para el suministro de agua potable en la región. Esta solución busca beneficiar a un millón de personas y contempla la conducción de agua desde el embalse El Cercado del Río Ranchería hasta la media y alta Guajira. También se incluye la instalación de plantas de desalinización necesarias para el proyecto.
Este concurso permitirá la estructuración técnica, económica, legal, financiera, ambiental, predial y social del proyecto. El presupuesto asignado para este proceso es de $28.851 millones, y se prevé que la adjudicación se realice el próximo 30 de julio. Las obras resultantes de este concurso requerirán una inversión de $2,3 billones y se desarrollarán en un lapso de seis años.
La ministra Velasco Campuzano destacó que el proyecto es una iniciativa significativa impulsada por el Gobierno actual, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro. El objetivo es resolver el problema de acceso al agua potable en La Guajira mediante una solución estructural y sostenible.
