La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido, en su sesión del 8 de octubre de 2024, abrir una investigación formal y formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando era candidato del Pacto Histórico.
Esta investigación se extiende también al entonces gerente de campaña, Ricardo Roa Barragán, así como a la tesorera, Lucy Aydee Mogollón, y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. El movimiento político Colombia Humana y el partido Unión Patriótica (UP) están igualmente involucrados en el proceso.
¿Cuáles serían las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro?
La investigación se basa en la presunta vulneración de las normas que rigen la financiación de las campañas electorales, específicamente durante la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según el CNE, se ha detectado una omisión significativa en el reporte de gastos, que asciende a un total de 3.709 millones de pesos colombianos. Esta cifra excede los límites establecidos por la legislación electoral, lo que ha llevado al Consejo a tomar esta medida.
Entre las irregularidades más destacadas se encuentran:
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Omisión de Aportes: Se ha señalado que la campaña no reportó un aporte de 550 millones de pesos proveniente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).
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Préstamos No Reportados: También se menciona un préstamo de 500 millones de pesos recibido del partido Polo Democrático Alternativo que no fue incluido en los registros.
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Pagos a Testigos Electorales: La campaña omitió reportar un gasto de 931 millones de pesos destinado a pagos a testigos electorales.
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Gastos en Propaganda Electoral: Finalmente, se identificó que se omitió un gasto de 356 millones de pesos relacionado con propaganda electoral.
La decisión del CNE se fundamenta en varios artículos de la Constitución y de la ley colombiana, incluyendo el artículo 109 de la Constitución, el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, y los artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005.
Estas normativas establecen claramente las pautas que deben seguirse para la financiación de campañas electorales y la obligación de reportar todos los ingresos y gastos.
El Consejo Nacional Electoral ha manifestado su compromiso con la transparencia y la legalidad en los procesos electorales, y esta investigación es un paso más hacia el cumplimiento de estas normas. La apertura de esta investigación no solo pone en tela de juicio la financiación de la campaña de Petro, sino que también puede tener repercusiones significativas en su administración y en la percepción pública de su gobierno.
La decisión del CNE ha suscitado una serie de reacciones en el ámbito político y social. Los seguidores de Gustavo Petro y del Pacto Histórico han expresado su preocupación por lo que consideran una persecución política.
Por otro lado, la oposición ha visto en esta medida una oportunidad para cuestionar la legitimidad de la administración actual.
Si se comprueban las irregularidades, las consecuencias pueden variar desde sanciones económicas hasta la inhabilitación de los involucrados para ocupar cargos públicos. La investigación también podría afectar la imagen de Petro en el escenario internacional, ya que su administración ha sido vista como un intento de implementar cambios significativos en la política colombiana.
