La restitución de tierras, contemplada en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc, está teniendo dificultades para ser efectiva en el cumplimiento de la ley 1448 de Víctimas y Restitución de tierras, en lo que tiene que ver con la propiedad legítima de los segundos o terceros poseedores que adquirieron legalmente las parcelas de los campesinos, que las vendieron legalmente en el afán de huir de la violencia.
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Para llenar el vacío jurídico que tiene la ley en este punto, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal presentó este miércoles un proyecto, que en caso de convertirse en ley, contrarrestaría el daño ocasionado a los tenedores posteriores de tierras que hoy están siendo calificados de despojadores de parcelas de los campesinos.
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En diálogo con Kienyke.com Cabal señaló que la ley generaba un desequilibrio entre los intervinientes y que resulta mejor compensar al reclamante y no vulnerar los derechos de propiedad de las personas tenedoras de la tierra. "Este proceso terminaba vulnerando los derechos de los campesinos poseedores o propietarios, que pueden ser igual o más víctimas que el reclamante, porque muchas veces son el quinto comprador o compró la tierra hace más de 20 años", manifestó.
La senadora aseguró que se pretende corregir este desequilibrio y rescatar la confianza legítima que según ella está siendo vulnerada por efecto de la ley. "Con base a esa confianza se rescata el principio de la buena fe, un contexto que prácticamente desapareció dentro de la norma", puntualizó.
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KienyKe.com habló con el experto en tenencia de la tierra en Colombia, Alejandro Reyes Posada, uno de los redactores de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz. Resaltó que efectivamente hay una franja gris en la ley 1448, específicamente en el problema jurídico de los segundos ocupantes y que "los compradores de buena fe deben estar exentos de culpa, ellos no sabían que la tierra que estaban comprando sería objeto de reclamo algún día con el argumento de que había sido objeto de despojo".
Reyes Posada agregó que una vez que se aprobó la ley, "mucha gente hizo cuentas y lamentó haber vendido a dos millones cuando pasados muchos años el precio de la que fue su propiedad podría ser veinte veces mayor y asumió que lo habían engañado y optó por recurrir a la unidad de restitución de tierras para reclamar por un propiedad que ya no es suya".
"La ley de víctimas califica a estos compradores como si fueran los victimarios -afirmó el experto a Kienyke.com- los que se quedaron ilegalmente con las tierras. La ley trató de cubrir este error y configuró a los segundos ocupantes como personas que habían comprado los predios que con el tiempo se calificaron como de desplazamiento forzado, pero no habían desalojado a la fuerza a los anteriores propietarios de sus tierras."
