Gran parte de los colombianos conoce de una forma u otra lo ocurrido durante este jueves en el centro de Bogotá, concretamente en el Palacio de Justicia, donde se enfrentaron dos visiones de país en torno a un tema: el uso o no del glifosato como herramienta para combatir el narcotráfico a nivel de cultivos ilícitos.
Por un lado, desde el Gobierno y gran parte de la institucionalidad,
liderados por la primera intervención del presidente Iván Duque, se propendió por argumentar que la crisis actual de altas cifras de hectáreas dedicadas al cultivo de coca hacen urgente el retorno al glifosato como una carta en la baraja de opciones del Estado para enfrentar la problemática (lea aquí cómo fue su intervención):
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De otra parte,
el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos Calderón, acompañado de representantes de las comunidades más marginadas del país, tal como de científicos, académicos y parte de los gobernadores, compareció ante la Corte con una frase: "La salida no es envenenar a nuestros campesinos" (mire a continuación sus argumentos):
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Todas las fichas fueron puestas, por lo menos desde el plano del debate, y ahora le corresponde a la Corte Constitucional tomar una determinación. Pero mientras que resuenan los ecos de una audiencia que se antoja fundamental para la historia del país y para determinar su futuro,
KienyKe.com consultó con politólogos que analizan, en primer lugar, las implicaciones inmediatas de la sesión ante el máximo tribunal.
Todos ganan
Carlos Builes, director de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana, aseguró que los sectores políticos involucrados en la discusión sacaron su rédito correspondiente y de forma significativa.
"
Juan Manuel Santos sale a la escena. Es su primera salida política tras dejar el máximo cargo y esto es un factor interesante para analizar a futuro. Su planteamiento de que el glifosato no es la salida y que se necesita un plan integral, toma mucha vigencia", consideró.
https://twitter.com/JuanManSantos/status/1103722411973734400
"Por otra parte
Duque también gana, porque también puso en el debate democrático la idea de que 170.000 hectáreas de coca no se van a acabar solo manualmente y hay que planear un mecanismo de choque", dijo.
https://twitter.com/IvanDuque/status/1103654798979674112
En ese sentido quedó firme un mano a mano entre santismo y uribismo. Pero el académico va más allá de esta vieja pugna al considerar que gana el país: "Era muy importante hacer un debate público y político al respecto. Ese es el primer ganador".
Incertidumbre e institucionalidad
¿Pero cuál es el fondo del debate? Es necesario aclarar que se trata de un asunto estructural y fundamental para el Estado: La necesidad de que amplios segmentos de la población rural del país sea atendida por un Estado ausente. Esto es, que por fin lleguen el Estado y la ley, la salud y la educación, las vías y las oportunidades.
"Por eso, a pesar de que hay intereses extranjeros en la discusión ya que se trata de la multinacional Monsanto y esta está pugnando no solo en Colombia, se trata de la importancia de hacer nuestros propios debates para tomar nuestras propias decisiones. En el fondo está el tema de la paz en los territorios en un entorno de choques institucionales", explicó
Felipe Buitrago, politólogo y docente de la Universidad de Antioquia.
Para el analista las instituciones están en una disyuntiva, ¿qué camino seguir? Una muestra de ello son las Gobernaciones, con sus representantes en la audiencia divididos, por ejemplo, entre un
Luis Pérez (Antioquia) dando un apoyo decidido a la aspersión aérea y un
Camilo Romero (Nariño), opuesto clamorosamente al retorno a la fumigación.
https://twitter.com/CConstitucional/status/1103683102801571840
"Una decisión en cualquier sentido generará en las regiones marchas, bloqueos de vías, malestar de las comunidades. Los efectos son inciertos pero serán evidentes en lugares como el Cauca y Nariño, por poner un ejemplo en caso de que se vuelva al glifosato", advirtió. En este sentido es un asunto de diálogo de las instituciones con un pueblo marginado en esas zonas.
Desde el gobierno central también, porque para Buitrago
la decisión de la Corte Constitucional será un parteaguas que determine qué camino tendrá que seguir la administración Duque, esté de acuerdo o no. Palacio de Nariño está, de momento, a la espera.
Coda
El Estado tiene las soluciones a su alcance. ¿Cómo brindar una política integral para llegar a esas personas que recurren a la siembra de coca?
Víctor Luna, líder social de la comunidad de Nóvita, Chocó, lo decía claramente: "Fumigan una hectárea de coca y dañan 20 más de maíz y plátano. P
areciera que nosotros no fuéramos colombianos".
Es sano, por no decir imperativo, que la institucionalidad entonces determine ahora (y no postergue) el camino a seguir para reformarse, para resolver sus más históricos y arraigados lastres estructurales con lo que, una solución de seguridad radique tal vez en brindar equidad, y que llegar a esos lugares deje de dividir a los colombianos.