El súbito interés de la derecha de Panamá en impulsar una Asamblea Constituyente genera recelo entre sectores progresistas, que hace años luchan por una carta magna emanada del pueblo y sin los vicios de la institucionalidad.
Las alarmas saltaron cuando el presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, abogó por una reforma constitucional en el marco del llamado Pacto del Bicentenario, una iniciativa que también ha sido cuestionada por la izquierda.
En declaraciones al diario La Estrella, Roux consideró inaceptable que los panameños no tengan la capacidad de corregir un sistema colapsado actualmente mediante una nueva Constitución.
Como descartó que el presidente Laurentino ¡Nito' Cortizo o el Congreso de la República propongan esta variante, Roux convocó a una campaña para recolectar las 550.000 firmas necesarias para desbrozar el camino hacia una nueva ley de leyes.
Esta iniciativa recibió el respaldo del Partido Panameñista y del Movimiento Otro Camino, ambos rivales de CD y del oficialista Partido Revolucionario Democrático durante los pasados comicios, pero todos representantes de la derecha istmeña.
Sin embargo, para líderes de la izquierda, como el excandidato presidencial Saúl Méndez, lo que impulsan dichos partidos es más de lo mismo, apostándole a una "institucionalidad podrida" que apuntala el actual estado de cosas.
Por ello las organizaciones sociales protestan hace días contra esa eventual constituyente paralela, y contra el mencionado Pacto, al que sarcásticamente llaman "el diálogo de yo con yo", porque solo representa a los grupos fácticos del poder político y económico.
MODELO EN DECADENCIA
La vigente Constitución Política de la República de Panamá, cuarta en la historia de esa nación, fue aprobada el 11 de octubre de 1972 por una Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, durante el Gobierno de corte militar del general Omar Torrijos.
Al texto original se le hicieron sendas reformas en 1978, 1983, 1993, 1994 y 2004, para despojarlo de los rezagos de militarismo y adaptarlo al sistema pluripartidista, sin que los sectores proletarios y originarios fueran tomados en cuenta.
Sin embargo, Méndez explicó a Sputnik que los recurrentes casos de corrupción en la administración pública, así como el incesante robo de los recursos del Estado, han dañado la credibilidad del sistema político y el modelo neoliberal en Panamá.
Para Méndez, líder del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción, ese saqueo es perpetrado -y perpetuado- por el poder económico junto a la jerarquía de los partidos políticos tradicionales, que ejercen el gobierno indistintamente.
"Esa realidad ha generado un alto cuestionamiento de los diferentes poderes del Estado, y la clase dominante, que entiende ese desgaste, está tratando de darle una salida", explicó Méndez a esta agencia, a propósito del mencionado apoyo a una constituyente paralela.
En este punto, Méndez deja claras las diferencias entre esta iniciativa y la reivindicación de los sectores de izquierda y progresistas de Panamá, que demandan una constituyente originaria, autoconvocada por el pueblo y sin imposiciones de la institucionalidad.
"Estos elementos son fundamentales y difieren del planteamiento de los sectores de poder representados por partidos tradicionales, voceros de gremios patronales y una oligarquía que quiere capitalizar nuestra vieja lucha por una constituyente salida del pueblo", acotó.
VIEJA PROMESA
Una promesa recurrente entre quienes aspiran a la Presidencia de Panamá es reformar la Constitución, pero hasta ahora ninguno lo ha hecho, ni tiene intención de hacerlo.
Para las elecciones generales de 2019, el entonces presidente Juan Carlos Varela propuso consultarle al electorado si prefería una constituyente paralela, originaria o reformar la Constitución en dos asambleas, pero la idea recibió una dura oposición.
El propio CD de Roux, a la postre el segundo candidato más votado en aquellos comicios, se opuso a la posibilidad de preguntarle a la ciudadanía sobre el tema, por eso sorprendió a muchos su repentino interés en un proceso para la elección de constituyentes.
"El asunto es que, como suele pasar en las elecciones burguesas, la oligarquía tiene los recursos para comprar el voto", alertó Méndez, quien desconfía de que una constituyente integrada en esos términos responda a las necesidades más acuciantes del pueblo.
Por eso, varias organizaciones de la sociedad civil, obreras, profesionales, estudiantiles y ambientales, unen fuerzas contra de esa constituyente paralela y a favor de un referendo participativo, para construir un nuevo pacto social democrático, plurinacional e inclusivo.
La meta, afirman, es barrer la podredumbre enquistada en el aparato estatal y construir un nuevo modelo económico con justicia y seguridad social, que apueste por el desarrollo humano en equilibrio con el ambiente, por una vida más digna.
Por: Agencia Sputnik
