En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que se avale la creación de salas de lactancia en empresas privadas.
Mediante un comunicado, la entidad pidió declarar exequible el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1823 del 2017, en el que se exige que todas las empresas con un capital superior a los 1.500 salarios mínimos o con más de 50 empleados adecuen en sus instalaciones salas de lactancia.
De esta forma se da respuesta a una demanda en la que se alegaba que el cumplimiento de esta ley atenta contra los derechos a la igualdad entre madres lactantes y de los menores al ser privados de sus beneficios como recién nacidos.
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"Para el Ministerio Público la norma atacada no solo es idónea para proteger a las madres e hijos lactantes, sino que la condición para el acceso persigue objetivos legítimos como la protección del derecho al trabajo formal, garantiza una igualdad y desestimula eventuales barreras para las mujeres en su acceso al mercado laboral", aseguró el Ministerio Público.
La demanda fue presentada por cuatro ciudadanos, quienes alegaban que se niega la posibilidad de un espacio limpio y digno para que las madres lactantes puedan extraer la leche materna aseguran su conservación.
Sin embargo, la Procuraduría asegura que la ley es constitucional y que no vulnera los derechos de madres ni niños, al contrario, persigue dos objetivos constitucionales como el acceso a lactancia por parte de los menores así como estimular el crecimiento de las pequeñas empresas.
“En todo caso el derecho a la lactancia materna en el trabajo sigue existiendo, aun cuando se encuentre llamado a materializarse de formas diversas”, complementó la entidad.
La norma no solo establece la creación de estas salas, sino que establece plazos para la implementación de los espacios en las empresas.