Una vez finalizado el consejo de seguridad departamental, encabezado por el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, se conocieron detalles del transcurso del paro minero en Segovia y Remedios en los últimos días.
El gobernador informó que se tienen nuevas pruebas de infiltraciones en la protesta minera y será la Fiscalía General de la Nación la que investigue y judicialice a las personas que sean sorprendidas cometiendo actos vandálicos.
Asimismo mostró su preocupación por la poca voluntad de la mesa minera y de las comunidades indígenas para formar una mesa de diálogo que permita levantar el paro que ya completa 33 días en estos dos municipios del nordeste de Antioquia.
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Pérez manifestó que no comparte la propuesta hecha por la mesa minera, la cual platea la salida del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la zona de la protesta, para una posible negociación, por eso anunció la creación de una comisión conformada por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Minas y la Gerencia de Paz.
"La idea de esta comisión es poder tener avances que nos permitan la legalización de los mineros en esa zona del departamento", indicó el mandatario regional.Otra de las entidades de la administración departamental que hace presencia es la zona es el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), quien se encarga de evaluar las condiciones de riesgo para los habitantes de estas localidades. [single-related post_id="730846"] "El Dapard, como es su obligación legal, estuvo observando los riesgos que hay para la ciudadanía en Segovia, alrededor de lo que llaman la electrificadora, y concluyó que son muchos", señaló Gutiérrez. Pérez hizo referencia al cuerpo de bomberos de Segovia, afirmó que tiene pruebas en vídeo sobre la distribución de explosivos a manifestantes del paro minero por parte de ese organismo, pero que es la Fiscalía es el ente encargado de adelantar las investigaciones. Entre tanto en un comunicado el cuerpo de bomberos manifestó que ha tomado la decisión de suspender su participación en plan de contingencia que se viene ejecutando con ocasión de la manifestación pacífica de mineros desde el 21 de julio, ante las declaraciones del gobernador. Hasta el momento tres personas han muerto en medio de las protestas y se han presentado más de 70 heridos.