La demanda de Dejusticia contra el Código de Policía

En diciembre de 2016 la organización Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) demandó ante la Corte Constitucional varios artículos de la Ley 1801 de 2016 por ser violatorios del derecho a la intimidad. Después de tres años, el alto tribunal está cerca de emitir un fallo a favor o en contra de la demanda establecida a seis normas del Código de Policía. [single-related post_id="1239673"] La demanda establece que los artículos 32, 95, 139, 146 y 237 del Código Nacional de Policía implican un monitoreo indiscriminado a la población. En esa medida, se dan mecanismos de vigilancia masiva que por su ausencia de definiciones y límites, resultan violatorios de los derechos a la intimidad y al habeas data. https://twitter.com/Dejusticia/status/826198329210060802 Vivian Newman, directora de Dejusticia, afirma que el Código tiene una definición de privacidad  que disminuye la protección de la intimidad, debido a que califica varios lugares como “no privados e ignora que la intimidad no se queda en la casa cuando una persona sale de ella".

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El documento de apelación expresa que el Código de Policía impone un movimiento de vigilancia masiva por parte de la las autoridades al ciudadano a través de estos artículos que:

• Confunden la privacidad con la inviolabilidad del domicilio.
• Obliga a registrar la Identidad Internacional (IMEI) de todos los equipos móviles en una base de datos que incluye los datos personales del propietario del respectivo equipo terminal móvil, y a la que pueden acceder tanto las autoridades judiciales y policivas como las autoridades administrativas.
• Clasifica como público el espacio electromagnético, lo que impediría la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones que por él transitan
• Obliga a que haya cámaras de seguridad dentro de los vehículos de transporte público masivo
• Cambia la naturaleza de los datos personales captados por sistemas de video vigilancia públicos y privados para volverlos datos públicos
• Enlaza con la Policía Nacional los sistemas de vigilancia de propiedad privada y pública que se encuentren en áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público.

Según la organización, estos mecanismos que limitan el derecho a la intimidad, generan se también repercusiones en los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, a la reunión y manifestación pública y a la libertad de asociación, pues anulan en la práctica el anonimato y la confidencialidad de los actos, comportamientos y comunicaciones.

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Por estas razones Dejusticia, espera que la Corte considere que "si bien la seguridad y convivencia son un objetivo legítimo, el enlace de las cámaras de propiedad privada y pública a la red de la Policía constituye un mecanismo de vigilancia intensa que tiene una injerencia sistemática y desproporcionada en el derecho a la intimidad".