Las dudas, los mitos y las falsas ideas que se han tejido alrededor de los acuerdos logrados en La Habana fueron explicados este miércoles por el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro, durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño.
El jefe del equipo negociador calificó los acuerdos como los primeros pasos en la construcción de un nuevo país que permitirán el fortalecimiento de la democracia con respeto a la Constitución y a ley.
De igual forma, agradeció el documento que el Centro Democrático publicó en días pasados sobre las objeciones que ellos tienen a los acuerdos de La Habana, dijo que estas constituyen una combinación entre inquietudes legítimas y críticas que siempre serán bienvenidas y enriquecen el debate público, sin embargo, agregó que también hay afirmaciones absolutamente equivocadas que no corresponden a la verdad de lo pactado.
El Gobierno contestó una por una las inquietudes del Centro Democrático y puso a su disposición un extenso y detallado texto.
Estos son los apartes textuales más importantes de la explicación:
RESUMEN: Nada de lo pactado conduce a un proceso de colectivización de la tierra. Las normas sobre expropiación y extinción del dominio están vigentes hace muchos años y nadie podrá decir que esas leyes han producido la llamada colectivización socialista del campo. A esas leyes no se les ha cambiado una coma en lo acuerdado en La Habana. En verdad, los ataques del Centro Democrático no son realmente contra lo pactado. Son ataques a la legislación vigente, que rige desde el siglo pasado. Ese es el verdadero sentido político de sus críticas.
Parte esencial del Acuerdo al que se llegue es la dejación de armas. No hay allí equívoco de ninguna naturaleza. No habrá paz armada. La implementación de la paz mediante el desarrollo de los Acuerdos exige el cumplimiento integral y simultáneo de todas las obligaciones contraídas, entre ellas la dejación de armas.
Lo acordado sobre drogas y cultivos ilícitos hace énfasis en la sustitución voluntaria con participación de las comunidades. Si ella no es viable, hay lugar a la erradicación forzada manual. El Estado se ha reservado el derecho a fumigar en casos excepcionales. Las FARC se comprometen como ya se dijo, por una parte a "contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas" y por otra parte, a "poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno".
La participación política busca ampliar los desarrollos democráticos que están vigentes pero que pueden ser perfeccionados buscando una mayor inclusión, mayor limpieza y autenticidad en los procesos electorales, apertura hacia nuevos movimientos e inclusión de zonas excluidas a consecuencia del conflicto.
Las circunscripciones transitorias de paz no son para darle cupos a las FARC. Son para las comunidades. Si las FARC desarmadas a través de un partido o movimiento desean participar en política, se les brindarán las garantías necesarias. También ellas deben asegurar esas garantías a la sociedad. Quién participa en concreto es algo que debe resolverse dentro del marco de la justicia transicional.
*Con información de Presidencia
