Hace más de un año, el gobierno venezolano en la llamada "Operación de liberación del pueblo", encarceló 61 colombianos señalados de formar parte de un grupo paramilitar. Sin embargo estas personas aún no han sido acusadas de ningún delito, y las autoridades del vecino país aún no cumplen la sentencia de un juez del vecino país que ordenó la libertad de los colombianos desde el pasado 21 de noviembre.
Es por ello que la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, le solicitó este viernes a la Canciller, María Ángela Holguín, "la adopción inmediata de acciones de asistencia jurídica, encaminadas a obtener la pronta liberación de 61 colombianos presos en Venezuela".
El ente público informó que analizó las normas que se aplican a los asesores jurídicos de la Cancillería, encontró que no existe impedimento para brindar asistencia legal a los colombianos detenidos y lograr la protección de sus derechos y su liberación inmediata.
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"Señora Canciller, dada la actual coyuntura en Venezuela, comedidamente le solicito diseñar, implementar y comunicar a este despacho las decisiones y acciones que al respecto adopte y adelante, respectivamente, dentro del marco de sus funciones, para garantizar la superación del estado de cosas de referencia para estos colombianos", dice la misiva.
De esta manera, el Ministerio de Relaciones Internacionales de Colombia tendrá 5 días para presentar a la Procuraduría ese plan de acción, que según las "Notas consulares", es función de los asesores jurídicos orientar y hacer seguimiento a los procesos en que sean parte los colombianos que hayan solicitado asesoría a los consulados, "actuando de manera institucional ante las autoridades competentes y no a manera de apoderado de estos".
