Hoy la Corte Constitucional debate la pertinencia de las consultas populares para la decisión de explotación minera. Este debate será fundamental para la decisión que tomará el Alto Tribunal en una tutela que impuso una empresa minera contra una decisión del tribunal en Meta.
La tutela fue impuesta por la empresa Mansarovar Energy Ltda. contra una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta que declaró constitucional la pregunta para la consulta popular sobre explotación petrolífera en el municipio de Cumaral. La compañía minera argumenta que las consultas populares son una vía de hecho y la aprobación de esa pregunta se saltó el debido proceso.
Durante 2017 se realizaron cerca de 7 consultas populares en el país respecto a la explotación de recursos naturales, según cifras de la Registraduría Nacional. En todas esas consultas ganó el No a la explotación y votó, generalmente, entre el 45% y el 50% de la población.
La decisión que tome la Corte dará por terminado el debate que se ha impulsado en torno a las consultas. Una pare ha argumentado que los gobiernos locales no deben decidir sobre este tipo de actividades por tratarse de un tema de interés público y nacional, mientras, otra parte, dice que las personas deben tener la autoridad para decidir cómo se usa el territorio y qué necesita la comunidad.
Las primeras preguntas de la Corte giraron en torno a la seguridad ambiental y a los beneficios y riesgos que la explotación minera genera en las comunidades. En ese sentido, Germán Arce Zapata, ministro de Minas y Energía, dijo que una de las condiciones para establecer una licencia minera es anunciar los riesgos a las comunidades.
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Por su parte, Silvana Habib Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, aseguró que "Se debe asegurar una participación ciudadana pero no prohibir actividades constitucionalmente permitidas", aseguró la funcionaria.
Ecopetrol también se opuso a la realización de las consultas. "Las consultas populares han llegado hasta el punto de que los intereses de las entidades territoriales prevalecen sobre el interés nacional.. la autonomía territorial no puede ser soberanía, así lo ha reconocido la Corte Constitucional", dijo Fernán Ignacio Bejarano, vicepresidente jurídico de Ecopetrol.
Los representantes de la comunidad de Cumaral, contra cuya decisión se interpuso la tutela, fueron los opositores a la eliminación de las consultas en el debate.“Los estudios de impacto ambiental los hace el contratista y se los presenta a la Anla y no tienen un estudio hidrológico de nuestro país y se dan licencias atentando contra las fuentes hídricas”, aseguró Luis Arturo Ramírez Roa, representante del Concejo municipal de Cumaral.
“Nosotros no creemos en las instituciones nacionales porque desde Bogotá no conocen las necesidades de las comunidades ... los impactos de la industria petrolera son realmente tristes y melancólicos”, aseguró el Concejal.
"La competencia de las autoridades locales para convocar a consultas populares está amparada por el ordenamiento jurídico", dijo la representante de la Defensoría del Pueblo, Paula Robledo Silva, quien además aseguró que los espacios de participación no se reemplazan con las audiencias de información que son tardíos.
El Gobierno nacional no puede seguir adelante con una reforma minero energetica central, de espaldas a las autoridades locales, urge una regulación de la Corte Constitucional y fijar bajo qué parámetros la decisión de la comunidad puede vetar proyectos extractivos, aseguró la delegada de la Defensoría del Pueblo.
