El estado de Guerrero es uno de los más desafiantes de todo el panorama mexicano porque lo atraviesan distintos problemas sociales, económicos y políticos, mientras al mismo tiempo es una de las regiones más ricas en términos culturales del país ya que cuenta con más del 90% de la población indígena.
Además, desde hace varios años a Guerrero lo atraviesa una crisis de seguridad derivada de la proliferación de grupos criminales en la entidad, propicia por razones climáticas para el cultivo de amapola, marihuana y otros enervantes, además de que su salida estratégica al Océano Pacífico a través del puerto de Acapulco y otros puntos, y de una relativa cercanía carretera con la Ciudad de México.
Violencia de género contra menores de edad
A este complejo panorama se suma la violencia sexual que modelos patriarcales ejercen contra niñas y menores de edad en la entidad, donde la vulnerabilidad económica de las familias y un esquema machista facultan el pago de dinero a padres de familia para que arreglen el matrimonio de sus hijas con interesados.
Uno de los recientes casos se dio a conocer a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que documentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero detuvo en Tlapa a un hombre identificado como Rutilio por agredir sexualmente a su nuera de 15 años de edad.
La niña padeció un matrimonio forzado por sus padres, quienes recibieron un pago de 130.000 pesos (6.160 dólares) de Rutilio para impulsar la unión.
"Al agresor se le formuló imputación por violación equiparada", explicó Tlachinollan, además de que se le investiga por presunta comisión de trata de personas y por infringir lesiones.
"Tuvo que ceder (a tomar cerveza) ante la insistencia de quien la maltrataba constantemente. Muy pronto se mareó y prefirió irse a dormir. Al poco rato, entró el suegro, le tapó la boca y la agredió sexualmente", identificó Tlachinollan.
La menor fue violentada en repetidas ocasiones y su suegro la amenazó de muerte a ella y a su padre, además de advertirle que ya había pagado por ella.
"La niña permaneció cautiva por cinco años, acorralada por sus suegros y sometida por el poder machista de las autoridades comunitarias. Las secuelas han marcado de por vida a una niña indefensa. El dictamen médico estableció que hubo violación contra la menor y que causó daños psicoemocionales graves", apuntó el organismo defensor.
Abandonadas en la adversidad
En la región de La Montaña hay 19 municipios donde sucede la venta de niñas, principalmente en Cochoapa El Grande, Atlamajalcingo del Monte, Xalpatláhuac, Metlatónoc y Alcozauca, además de que también se arreglan matrimonios entre mujeres muy jóvenes, aún menores de edad, con matiz de forzamiento en tanto que no se les consulta su decisión. Los montos por tal unión oscilan entre los 50.000 y los 200.000 pesos (entre 2.370 y 9.480 dólares). Sin embargo, no siempre se trata de pago en el efectivo, también se dan en especie para llevar a cabo la fiesta o la convivencia.
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, expuso en conversación con Sputnik que estos matrimonios abandonan a las niñas en una situación de enorme vulnerabilidad, pues no se consulta su opinión, no conocen al niño que será su pareja, se mudan a casa de los suegros, se ven obligadas a realizar trabajos domésticos desde muy temprano hasta entrada la noche y si llegan a hacer trabajos remunerados, el dinero no lo controlan ellas, sino sus tutores.
Entre las causas de este fenómeno de violencia de género, Berrera identifica que las niñas guerrerenses crecen sin perspectivas de desarrollo profesional, sin oportunidad de estudiar y en ausencia de instituciones del Estado que les garanticen el acceso a la formación más allá de la primaria que tampoco se consigue en todas las ocasiones.
"Hay una situación de mantenerse en el alfabetismo, las mujeres en su mayoría son monolingües, (de seguir) en esta subordinación, en un rol de sujetar a las mujeres, de la madre a la abuela a la hija", lamentó Barrera.
Junto a esto, consideró, las condiciones de pobreza en la entidad obligan a los padres a desempeñarse en su mayoría como jornaleros agrícolas, por lo que persiguen sueldos de unos 150.000 pesos (7.110 dólares) semestrales fuera de sus comunidades, abandonan la escuela y generan escenarios de migración familiar.
En este panorama, las hijas se ven obligadas a cuidar a sus hermanos menores, tratadas como criadas del hogar que desde pequeñas están forzadas a cumplir roles de madres.
"Hay un problema de migración que hace que las mujeres estén solas y eso provoca también que haya agresiones sexuales tanto del suegro como de otras personas", describió.
Además de generar fragmentación familiar, consideró Barrera, la migración importa valores como el consumismo, el individualismo y una perspectiva mercantil que convierte en un objeto comercializable a las mujeres de Guerrero.
"Tener una hija es motivo de tener un dinero, 100.000 pesos (5.000 dólares), 120.000 pesos (6.000 dólares), se empieza a perder el sentido de dignidad, de respeto a los derechos de la niñez, esta misma migración como que va desplazando los valores comunitarios, desplazando ese sentido de convivencia entre familias, de respeto a las niñas", expuso el defensor.
Y no obstante estas condiciones ya adversas, las niñas que desobedecen este mandato contextual y abandonan las casas de sus matrimonios forzados son arrestadas por las policías comunitarias, señaló.
El papel del Gobierno
El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el fin de semana del 23 de octubre la región de La Montaña, uno de los sitios más pobres del país, para informar sobre el avance en la aplicación de los programas sociales del Gobierno federal. Sin embargo, en su intervención aclaró que no abordaría el tema de la venta de menores en esas comunidades.
Esta decisión, estimó Barrera, significó perder una buena oportunidad de dar visibilidad al tema y de que el Estado mexicano asumiera compromisos concretos para contrarrestar esta forma de violencia contra las menores de edad en Guerrero y garantizar su ejercicio de derechos.
"Es un mensaje a los perpetradores en el sentido de que eso no es importante y, por lo tanto, si no es importante, pasa que, como lo hemos visto, las agencias de los Ministerios Públicos, que los jueces siguen actuando contra las mismas mujeres, siguen privilegiando la venta de la justicia al mejor postor, que son los hombres", recriminó el defensor.
Reconoció el impacto a nivel estructural de los programas sociales del Gobierno federal, pero también apuntó que el caso de la venta de niñas requiere de políticas específicas para contenerlo, estancias que permitan refugiarlas de la violencia y decisiones urgentes.
La administración de López Obrador, estimó, debe asumir una perspectiva de género y políticas transversales que garanticen la salvaguarda de derechos de las menores, además de fomentar la educación y establecer condiciones para su desarrollo humano óptimo.
Además, el caso debería abordarse con personal que le dé cobertura, como el despliegue de pedagogas, psicólogas y doctoras enfocadas en atender a esta población infantil vulnerada por la violencia sexual, apuntó Barrera. Además, a nivel interno el problema debe discutirse en las asambleas comunitarias, dijo el defensor, que son espacios idóneos para la discusión de esta clase de fenómenos.
"Estas prácticas que hay con las niñas no pueden seguir atentando contra sus derechos humanos, no pueden seguir siendo matrimonios forzados, eso no puede, el mismo papá no puede permitir colocar, ponerle una tarifa, un precio a sus hijas", asentó Barrera.
