Isaías Chalá Ibargüen, alcalde de Quibdó (Chocó), fue enviado a la cárcel luego de que el Juzgado 14 Penal Municipal acogiera la solicitud de la Fiscalía General de mantenerlo detenido. En paralelo, continúa el proceso en su contra por presuntos actos de corrupción.
El funcionario es señalado por las supuestas irregularidades que rodearon el contrato de construcción de una entidad de salud que le habría dejado al municipio chocoano un detrimento patrimonial de 406 millones de pesos.
Chalá Ibargüen fue puesto tras las rejas de manera preventiva junto a los contratistas: Cesar Augusto Mosquera Hurtado, Emir Parra Palacios y Rodolfo Nelson Córdoba, quienes fueron capturados el pasado 22 de agosto.
En la audiencia de medida de aseguramiento realizada este lunes 2 de septiembre en Bogotá, la juez consideró que en libertad los procesados podrían incurrir en acciones que afectaran la investigación.
Además calificó la supuesta acción del alcalde y de los tres contratistas como un "atentado contra la administración pública" y que simplemente "no se puede obviar que a quien se está perjudicando es a una parte de la población".
Para la funcionaria judicial, el alcalde incumplió con su función de vigilar que el contrato se ejecutara de manera exitosa y que no se descuidaran los recursos públicos.
El lío de los procesados
El caso que tiene enredado al mandatario, y a un grupo de contratistas, tiene que ver con el contrato de construcción de la Unidad Intermedia de Salud "El Careño", que fue firmado en julio de 2017 con Emir Parra Palacios. Para su realización, la Alcaldía contaba con una suma millonaria de aproximadamente 5 mil millones de pesos.El Ministerio de Salud debía avalar y emitir un concepto positivo para darle paso a la construcción del centro médico. Sin embargo, según la Fiscalía, este no se efectuó y aun así, "el contrato se realizó y se comenzó con la obra".El ente investigador evidenció que en agosto de ese año se firmaron dos contratos: uno de interventoría con Cesar Augusto Mosquera Hurtado, y uno de supervisión, con Rodolfo Córdoba Pino. La Fiscalía explicó que para noviembre, la Alcaldía de Quibdó pagó al contratista casi 901 millones de pesos "para que invirtiera en materiales, mano de obra y comenzara la construcción". [single-related post_id="1166824"] Aseguró que después, se hizo un desembolso por 326 millones más, "dineros que también eran para la continuación de la obra, pero que no fueron pagados al contratista sino a un tercero". La construcción se tuvo que suspender en diciembre de ese año, tras no contar con el soporte técnico emitido por el Ministerio de Salud, el cual solicitó la liquidación del contrato. A partir de esa fecha, no se podía realizar ninguna obra en el terreno destinado para la unidad de salud. De acuerdo a la Fiscalía, "las personas señaladas habrían firmado un acta de reinicio".
Las irregularidades
Las indagaciones permitieron establecer que, al parecer, Chalá Ibargüen entregó cuatro certificaciones firmadas que legitimaban que los pagos realizados al contratista estaban acordes con la realización del proyecto.Según el ente acusador, eran falsas porque "existían varias modificaciones en el tamaño del área intervenida y en la cantidad de materiales utilizados".Además, evidenció que la Alcaldía le pagó un total de 1.226 mil millones al contratista, de los cuales solo había utilizado 821 millones "porque no todo fue para la construcción de la unidad de salud". Además: Corruptos que se salvaron de cumplir condena en una cárcel La Fiscalía resaltó que el contratista debía devolver 406 millones de pesos, pero solo devolvió más de un millón.
Esto indicaría que el contrato presentó irregularidades desde la etapa de licitación, debido a que "no contó nunca con el aval del Ministerio de Salud, el valor pagado al contratista no fue equivalente al trabajo realizado y, además, continuó la intervención del terreno después del acta de liquidación".Por estos hechos, Chalá Ibargüen, Mosquera Hurtado, Parra Palacios y Córdoba, fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, agravado por el uso. Tras la decisión de la juez, será el Inpec quien defina a qué centro de reclusión serán enviados.
