El asesinato de María del Pilar Hurtado y el desgarrador llanto de su hijo son el reflejo de la grave situación de seguridad y violencia que vive día a día Tierralta, Córdoba. Desde su muerte se han evidenciado, aun más, las múltiples problemáticas que azotan a este municipio y el sur del departamento, lo cual ha prendido las alarmas y generado bastantes críticas en el ámbito nacional e internacional.
Los hechos que desencadenaron el crimen de la lideresa social tienen entre la espada y la pared al alcalde Fabio Otero, quien fue suspendido por la Procuraduría General este miércoles.
De acuerdo al Ministerio Público, esta decisión se tomó en el marco de una investigación disciplinaria en su contra por las "presuntas irregularidades en el control del orden público", que estaría relacionado con la invasión de unos lotes en el territorio, uno de ellos, de su padre.
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Quienes están al frente del liderazgo social en ese departamento califican la situación como "alarmante". Dicen que a pesar de los esfuerzos por controlar la violencia, "esta cada día se agudiza un poco más" y que es preocupante que "hasta el propio alcalde esté entre las cuerdas por este caso".
Así lo aseguró Jander Miranda, defensor de derechos humanos de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascscucor). Según mencionó a KienyKe.com, la organización no juzga lo que sucede con el alcalde Otero, "ya que los entes encargados son los que tienen que hacer las investigaciones correspondientes", pero considera lamentable la situación por la que atraviesa el territorio, "la fragilidad de su administración y las constantes amenazas contra los líderes".
¿Qué es lo que pasa?
Tras el asesinato de María del Pilar Hurtado, la Comisión de Paz priorizó en su agenda una visita al territorio para entender a fondo qué es lo que sucede y así "buscar soluciones efectivas". Este medio habló con dos de los integrantes de la corporación. El senador Iván Cepeda señaló que el contexto de Tierralta se puede calificar como "una emergencia". Mencionó que la comunidad les explicó que existen organizaciones criminales "que actúan como lo hacían los paramilitares en su momento" y que a pesar que se han realizado las denuncias no hay ninguna actuación seria de las autoridades, lo que les ha causado "terror". "Ellos hablaron de que hay una vereda en la que varias veces se ha registrado la presencia de un grupo de casi 60 hombres vestidos con camuflado, que parecen ser del Clan del Golfo. Ese llamado de atención se hizo, pero no pasó nada", contó.Dijo que también existe una intención clara de atacar a los líderes que reclaman tierras y que se ha intentado desviar la atención "como si fuera solo un tema de narcotráfico".Aseguró que en el fondo se oculta de manera hábil un grave problema de movilización de campesinos y defensores que cada día luchan por sus derechos y los de los demás. "Los líderes nos hablaron de que todavía existe un matrimonio entre la clase política y los paramilitares. Ellos aseguran que el paramilitarismo no se ha ido de Colombia y la parapolítica tampoco. No es solo un problema de economías ilegales, también de protección de robo de tierras legalizado", manifestó Cepeda. [single-related post_id="1129402"] Agregó que los miembros de la Comisión cuestionaron al alcalde Otero por la grave situación de orden público, lo que había pasado con la invasión al lote de su padre y un supuesto conflicto de interés, pero que en el encuentro él trató de evadir sus respuestas y fue contradictorio. "No supo explicar qué pasó con la invasión a esos predios y la utilización de la fuerza para desalojar a las personas. Tampoco dijo nada sobre las amenazas y los asesinatos a las personas que estaban en el panfleto. Le preguntamos sobre María del Pilar y dijo que no la identificaba como lideresa, después de todos los testimonios que aseguran que ella sí cumplía con una labor social en Tierralta", mencionó. El senador Antonio Sanguino coincidió en que la situación en el territorio es "supremamente grave", debido a que hay una mezcla de "todas las ilegalidades".
"Hay una presencia notable y pública de grupos criminales a los que no les gusta que las personas se metan con sus intereses; personas impulsadas por actores políticos relacionados".Añadió que, como dijo Cepeda, no es solo un tema de narcotráfico, sino que también existe una lucha histórica por la posesión de tierras y la pelea por acabar con la minería ilegal, la cual no se ha podido resolver "por la poca presencia del Estado".
