Araminta Beltrán Urrego y Alexánder Potdevin Gutiérrez, exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, están bajo la lupa de la justicia tras ser acusados de las presuntas irregularidades en los contratos de apoyo logístico y operativo para la realización de la VI Cumbre de la Américas. El evento tuvo lugar en Cartagena (Bolívar) en abril de 2012.
La Fiscalía General de la Nación dijo que al revisar la facturación del encuentro identificó un presunto sobrecosto de 4 mil millones de pesos.
Por estos hechos, acusó de manera formal a los dos exfuncionarios de la Cancillería por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales.
También aparece implicado Antonio Porras Gutiérrez, representante legal de la Unión Temporal Cumbre de Las Américas, consorcio con el cual el Ministerio suscribió el contrato para el desarrollo del evento.
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Dicho consorcio estaba conformado por: Aviatur, Gema Tours, Marketmedios Comunicaciones S.A., Contacto S.A.S y Creativa Producciones. La Fiscalía explicó que cada empresa tenía participación del 20%.
Llama la atención que Marketmedios Comunicaciones S.A. es la empresa familiar del exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, quien fue condenado a cinco años de reclusión por corrupción.
Material probatorio
El ente investigador mencionó que en noviembre del 2011 fue suscrito un contrato por 43 mil millones de pesos entre la Cancillería y el consorcio para cumplir con las actividades pactadas. Indicó que, en marzo del 2012, a ese contrato se le hizo una adición de 12 mil millones de pesos para, supuestamente, cubrir actividades como: servicios de salud, imprevistos y gastos generales, los cuales "ya estaban contemplados en el contrato inicial". Agregó que se habría pactado otro monto de 6 mil millones de pesos para la producción y transmisión del evento en televisión. https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1166480008350769157 Para la Fiscalía, esa adición al contrato "no era viable" porque, según la normatividad, se necesitaba un nuevo contrato con proceso de licitación. En el mismo debían participar "distintos oferentes para garantizar los principios de planeación, economía, eficiencia y selección objetiva".- Lea también: Fritanga y sus deudas con la justicia colombiana
