Bogotá sigue siendo un fortín de las políticas neoliberales en nuestro país, ratificadas con el gobierno de Carlos Fernando Galán. El difícil acceso a la vivienda digna es un claro ejemplo de cómo los intereses de clase pretenden definir, producir y administrar la ciudad para su beneficio. En el caso de los programas sociales con los que cuenta Bogotá, algunos creados con la finalidad de ayudar a la población más vulnerable, se han utilizado para favorecer solo a unos pocos, para pagar favores políticos y privilegiar netamente al sector privado. El nuevo Plan Distrital de Desarrollo (PDD) es un claro ejemplo de ello, pues se quiso gravar más a la clase media y poco se pensaron soluciones para el acceso a derechos para la población vulnerable, mientras que, a las grandes constructoras, aprovechándose de las necesidades de la población, se les brindaron mayores beneficios económicos e incentivos tributarios.
Cabe recordar que el déficit habitacional en Bogotá para el año 2022 fue de 328.060 hogares, en donde el 11,1% corresponde a lo urbano y el 37,2% a lo rural. En este déficit se contempla la falta de viviendas, pero también la pésima calidad de las existentes para las familias bogotanas, este déficit a nivel cuantitativo se acerca a los 40.130 hogares y a nivel cualitativo es de 287.930 hogares.
Según las bases del PDD, en el 2022 un poco más de 2,2 millones de personas vivían con menos de $536.108 mensuales y alrededor de 639 mil personas vivían con menos de $246.192 mensuales, por ende, a pesar de que se entreguen subsidios, las personas vulnerables no cuentan con la capacidad adquisitiva para apalancarse financieramente y acceder así a una vivienda en mejores condiciones, por lo que se ven obligadas a aguantar situaciones de vida indigna, en donde sus techos se caen, el agua de la lluvia se entra, se pudren las paredes y las aguas residuales se desbordan por los desagües.
Esta contradicción se expresa en la oferta de la Secretaría de Hábitat, específicamente en los programas pensados para facilitar el acceso de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) a personas de escasos recursos, a través del otorgamiento de subsidios que tienen como finalidad disminuir el valor de la vivienda, así, en la administración anterior, se priorizó la entrega de estos beneficios a la construcción, sin contemplar estrategias necesarias para que la población vulnerable tuviera garantía de acceso a las mismas, situación que se mantiene con la aprobación del nuevo PDD. Como evidenciamos a continuación, la entrega de estos subsidios se hace en beneficio de constructoras con serias irregularidades y sin verificación previa de los estándares necesarios para la construcción de viviendas dignas.
Hemos conocido información en la que se observa que durante la administración de Claudia López se realizaron acuerdos con constructoras, pese a falencias de estas, permitiendo la entrega de infraestructura de pésima calidad y generando grandes daños a la ciudadanía. Es el caso de la constructora "Management + Development Constructora SAS", identificada con Nit. 900.675.805-3, representada legalmente por Jorge Andrés Arboleda Blanco, que tenía a su cargo la construcción de unos apartamentos ubicados en la localidad de San Cristóbal, vía a Usme. Se trata específicamente del proyecto de vivienda denominado "San Miguel II", en donde los habitantes del proyecto han evidenciado graves irregularidades en las viviendas entregadas.
Muchas de las denuncias obedecen al incumplimiento de lo ofrecido por la constructora de manera previa a la entrega, como filtraciones y humedad, entre otras irregularidades que conllevaron incluso a problemas en la salud de los habitantes, ya que esta unidad residencial se ubica en las partes altas de los cerros orientales y teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se perciben en las residencias, la calidad de los materiales de la construcción para mitigarlas son deficientes, generando que sean imposibles de habitar. Hasta el momento se acumulan más de 24 denuncias formales en contra de esta empresa, algunas ya resueltas con sanciones y multas.
Ante esta realidad, acompañamos a la comunidad en la realización de mesas de trabajo con la Secretaría de Hábitat, en las que se han presentado las investigaciones pertinentes y se han evidenciado presuntas deficiencias constructivas y/o desmejoramiento en especificaciones existentes. Pese a esto, la entidad menciona que la situación no puede representar un juicio de valor acerca de la responsabilidad de la sociedad enajenadora porque ello solo lo puede determinar una autoridad judicial. Esta respuesta, lejos de cumplir con el rol regulador y vigilante del Estado, representa una condena para los propietarios, pues mientras esperan que surta efecto un proceso costoso y demorado, al cual por ser población vulnerable no pueden acceder fácilmente, tendrán que seguir padeciendo estas inmisericordes condiciones de vida.
Con el objetivo de “solventar la situación” la Secretaría de Hábitat respondió que se aplicarán las sanciones pertinentes para mejorar las deficiencias evidenciadas y así garantizar una “vivienda digna” para los habitantes, lo que sigue sin materializarse. Asimismo, mencionan que este derecho fundamental de acceso a una vivienda digna no puede estar sujeto a la “libre disposición de las personas” a causa de las exigencias que la comunidad ha realizado, desconociendo las consecuencias desfavorables que se presentan en contra de la seguridad e integridad de quienes habitan estos inmuebles, implicando la vulneración de los derechos de esta población desfavorecida al obligarlos a seguir habitándolos y apelando a que solo es necesario hacer unas modificaciones superficiales para corregirlas.
Recordemos que, la Secretaría de Hábitat tiene como objetivo estratégico “facilitar el acceso a soluciones habitacionales mediante el diseño de mecanismos y acompañamiento permanente, que permitan mejorar la calidad de vida de la población en condición de vulnerabilidad”; funciones que no se cumplen al momento de “garantizar” una solución habitacional digna y menos cuando no se escuchan las exigencias de las comunidades.
Lamentablemente, esto sigue siendo avalado por la actual administración, pues como lo hemos mencionado constantemente, uno de los mayores ganadores de este nuevo PDD es el sector de la construcción al que se le otorgan beneficios tributarios, cesiones del suelo y de predios a título gratuito por parte de la Alcaldía para que construyan más viviendas VIS y VIP cuando se asocien con un operador público, pero no hay muchas soluciones en cuanto a la capacidad adquisitiva de la población vulnerable de Bogotá, por el contrario, les toca hacinarse y someterse a comprometer, incluso su salud, para poder tener un espacio propio donde vivir, o vivir en arriendo, pues dentro de los hogares con déficit, se prioriza el arriendo como solución de vivienda en un 73%.
Por estos motivos, es necesario que las entidades pertinentes tomen acciones contundentes y hagan el seguimiento a estos casos, garantizando que los habitantes más necesitados de la ciudad puedan acceder a los mecanismos necesarios para hacer valer sus derechos y que no se les den paliativos con mejoras superficiales sin que haya soluciones de fondo frente al pésimo estado de las viviendas construidas. La prioridad debe ser la garantía del acceso al derecho a vivienda digna para la gente, no en acrecentar beneficios y ganancias para las constructoras.
