La Vicepresidencia en Colombia, y no solo en Colombia, es un florero político. El origen de ese cargo en América Latina hay que buscarlo en la imitación institucional que estos países han hecho siempre de Estados Unidos. Allí se estableció esa figura política buscando estabilidad y una sucesión inmediata en el caso de una ausencia permanente de carácter repentino del presidente. Y así lo vimos tras el asesinato de John Kennedy o la destitución de Richard Nixon.
Excepto México y Chile, todos los países latinoamericanos cuentan con este adorno político absolutamente inútil. Y lo que es peor, en algunos casos, como le ocurrió a Dilma Rousseff con Michel Temer en 2016, la figura vicepresidencial no solo no fue fuente de estabilidad sino todo lo contrario, cosa que ocurre cuando el binomio presidencial tiene fuertes discrepancias políticas y ambos se dedican a fortalecer su imagen en detrimento del otro. Temer fue acusado de desestabilizar el poder de la presidente Rousseff y de impulsar un impeachment para activar el mecanismo constitucional de la sucesión. En pocas palabras, que se dedicó a moverle la silla a Dilma.
Prácticamente en todos los países latinoamericanos el vicepresidente está para reemplazar al presidente en caso de ausencia permanente repentina; y, como casi siempre el presidente es un varón, la vicepresidencia se la dan como premio de consolación a una mujer durante la contienda electoral; excepto en Venezuela, en donde Hugo Chávez nombró a Nicolás Maduro una vez estuvo en el cargo. Hay países que tienen dos y hasta tres vicepresidentes, como Honduras; es decir, hay quien tiene tres floreros a falta de uno.
Siempre he creído que Colombia debe purgar durante varias generaciones el pecado de haber cambiado su Carta Magna para contentar a la mafia. Está bien documentado cómo metieron su mano en la redacción de esa norma política en este país los carteles de Cali y de Medellín, y no soy yo quien vaya a descubrir ahora aquí el agua tibia. Estúdienlo quien le interese. Son varias las instituciones de muy discutible función las que legó a este país la Constitución de 1991. Particularmente casi todas las “ias”: Procuraduría, Fiscalía, Contraloría… Pero si hay una especialmente inoperante y perfectamente prescindible es la Vicepresidencia.
Cuentan las crónicas de la época que algunos miembros de la Asamblea Constituyente, entre los que se encontraba Álvaro Gómez Hurtado, se opusieron a la inclusión del artículo 202 en el texto constitucional por el que se creaba ese cargo, argumentando que la Vicepresidencia era innecesaria y que su creación supondría un aumento del gasto público. Y cuentan que en un esguince ocurrente muy propio del leguleyismo patrio, un grupito de insensatos le metió con calzador esa oficina de hacer amigos a la sociedad colombiana.
Espero que usted, paciente y solitario lector, esté pensando en lo que yo pienso en el momento de escribir esta columna. El caso más cercano que tenemos en la región de traspaso de poderes por esta vía, el de Pedro Castillo y Dina Boluarte en Perú, produce escalofríos si trasladamos ese escenario al suelo patrio en este momento, aunque sea como hipótesis. Si por cualquier razón el presidente Gustavo Petro tuviera que ausentarse del cargo (piénsese en razones de salud u otras como las que lo llevan a dejar esperando a todo tipo de concurrencias, pero en plan definitivo; un “no está ni se le espera ya más”), les confieso que se me abren las carnes ante la posibilidad de que sea reemplazado por quien designa la Carta Magna de los colombianos.
Doña Francia Elena, que en estos momentos debe andar por Etiopía buscando raíces en común con sus “mayores y mayoras”, como le gusta a ella decir, haría de este país una casa en el aire, como la del vallenato de Escalona. Leo en la hoja de vida que de ella presenta la Presidencia de la República, que es “cuidadora de la casa grande: el útero mayor” y que “sus abuelos, abuelas, padres y ella misma tienen el ombligo sembrado” en una montaña. Para qué queremos más, carajo; si es que somos unos desagradecidos.
