Hace algún tiempo, le oí decir a un taxista que me transportaba por cierta región de Antioquia, refiriéndose a una finca frente a la cual pasábamos, más o menos lo siguiente: “Estos predios entraron en extinción de dominio y usted ya sabe cómo son esos procesos judiciales; ahora el dueño, que pagó condena en México, debe demostrar que no fueron adquiridos mediante actividad ilícita”.
Como digo, cito de memoria y seguramente estoy exagerando, pero me hizo gracia la propiedad con la que hablaba del asunto aquel conductor, y el lenguaje alambicado más propio de un jurisconsulto que de un miembro del gremio de transporte público. Imaginé el asombro que podría causar en un cliente extranjero, por ejemplo en un español, al que le hubiese tocado oír aquella retahíla de términos jurídicos en un vehículo público; bastante cochambroso, además.
Bajo el espejo retrovisor se bamboleaba un adorno en forma de hamaca, tejida con los colores de la bandera nacional. Alguna imagen religiosa y el escudo del equipo de sus amores entre el cristal delantero y el volante, eran dos de los fetiches que protegían nuestro viaje. Y mientras el hombre hablaba yo observaba el movimiento de su boca, adornado el labio superior por un bigotito de los de antaño, de esos que uno solía encontrar entre los campesinos de esta región de vagas reminiscencias hitlerianas. O de “vendedor de aguacates”, que diría cierto amigo burlón.
En ese momento pensé que un día me gustaría referirme en esta columna a la apabullante cantidad de términos leguleyos que acompañan la vida cotidiana de los colombianos: “vencimiento de términos”, “debido proceso”, “solicitud de preclusión”, “acerbo probatorio”, “imputación de cargos”, “evidencia documental”, “estrategia jurídica”, “dilatación del proceso”, “acción de tutela”…
Enciende uno la radio a primera hora de la mañana para enterarse de lo que ha pasado durante las horas de sueño, te ponen en movimiento los acordes del himno inmarcesible, hermano de La Marsellesa como tantos están convencidos, y empieza el desfile de vocablos judiciales. Pues bien, hoy llegó el día de hablar de la jeringonza procesal.
Una finca en mi vecindario “entró en extinción de dominio”. Hace algunos meses, un espectacular despliegue policial se llevó al propietario a las tres de la madrugada, y un canal nacional de televisión, previamente avisado del “operativo, supongo, cubrió con lujo de detalles la cinematográfica maniobra. Entre la gente del lugar corrió la voz de que se trataba de mexicanos, el Cartel de Sinaloa que tantas y tan activas delegaciones ha enviado a Colombia, y la hacienda en cuestión quedó a cargo de unas personas educadas y discretas…, hasta hace unos días que fueron desalojadas.
Acto seguido cayó sobre la propiedad un enjambre de depredadores como salidos de la nada que empezaron por llevarse lo más evidente: muebles y electrodomésticos. Luego le correspondió el turno a las puertas y a las ventanas y, por último, al tejado y la madera que componía la estructura de la casa principal. En cosa de pocos días, de la forma más discreta posible pues “trabajaban” de noche”, la lujosa mansión que se levantaba en lo alto de una suave colina, quedó reducida a escombros.
Todo esto, claro está, con conocimiento de las autoridades, que sabían perfectamente lo que allí estaba ocurriendo. Una patrulla de la policía acudió varias veces a certificar la lenta desaparición de los muebles y del inmueble mismo. Ni el alcalde de la localidad, un inspector, un funcionario o representante alguno del Estado, en cuyo poder teóricamente quedó la finca, hizo nada para evitar aquella ruina ni el perjuicio causado a la comunidad; pues, en un último intento de llevarse hasta el aire del lugar, los saqueadores arrancaron una conducción de agua que dejó sin ese elemento a los vecinos.
Ya sé, pues, lo que significa en Colombia “extinción de dominio”, el lento paso de la propiedad que fuera de un presunto delincuente de altos vuelos a manos de unos colegas de vuelo rasante. Queda la tierra, naturalmente, tan apetecible siempre. Ya se encargaran la burocracia y la legislación vigente de ponerla en manos del parque de atracciones de los políticos. Todo un paradigma de este país de leguleyos y de gentes tan bien habladas y entendidas en reglamentos, preceptos y normativas.
