Es preocupante para el país que el control civil impartido por el Congreso de la República hacia los asuntos de Seguridad y Defensa Nacional, se realice sin en el pleno conocimiento de las acciones tanto diplomáticas como militares que realiza el Estado bajo un marco jurídico tanto interno como internacional. Aún así, se sigue llevando a cabo debates de control político en la comisión segunda del Senado, sin entender el “Now how” de la diplomacia y las Fuerzas Armadas.
En dos semanas hemos tenidos dos debates de control político, el primero de ellos sobre las acciones que emprende la Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Armadas – donde se pudo notar el desconocimiento normativo de la ley y la doctrina militar, que en esencia es pública, precisamente para generar una relación más directa entre civiles y militares, sin embargo, el resultado fue diferente; un desconocimiento en doctrina militar como en derecho operativo que enjuició a las Fuerzas Armadas del país-.
El segundo, muy reciente a propósito, se realizó con base el “desconocimiento” de los protocolos firmados por el gobierno pasado -en nombre del Estado- con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bajo la garantía de estados supervisores como Cuba y Noruega. Estos protocolos que se firmaron en una hoja algo rústica y poco formal, han puesto al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en una encrucijada algo fatalista que ha querido ver la oposición en la comisión segunda del Senado, por “desconocer” un protocolo que firmó el Estado, donde básicamente, de 15 puntos que tiene la hoja, los puntos 2,4,6,y 7, evidencian un protocolo -que es más decálogo de indicaciones - sobre las acciones que se deben realizar si se levanta la mesa de negociación.
En general, los puntos 2-7 resaltan el retorno de la delegación a territorio colombiano con más de tres días de cese al fuego y con otros dos más, para la dispersión de la delegación en el territorio. – algo así como un indulto o amnistía cuando se ha violado Derechos Humanos y se ha perpetrado actos terroristas antes y durante la instalación de la mesa de negociación-.
Lo inquietante de esta situación son tres puntos; el primero, el desconocimiento por parte de la oposición colombiana y el Gobierno de Cuba del acto terrorista llevado a cabo en la Escuela de formación “Francisco de Paula Santander”, el cual dejó 23 jóvenes fallecidos. Este lugar que se da para la Educación de jóvenes en asuntos de Seguridad NO comprende un blanco objetivo de guerra – como alude el ELN-.
Segundo, el error que debe pagar el gobierno presente por una voluntad de negociación con el ELN del gobierno pasado, la cual demostró ser frágil y sensible desde su comienzo – la ambición de la paz sesgó la objetividad- llevando al Estado colombiano a darle un carácter de beligerancia al ELN, pues bajo el Derecho Internacional, los protocolos se firman entre Estados, y son, en su mayoría de veces, predecesores de Tratados internacionales, situación por la cual dicha guerrilla no tiene tal status, por consiguiente, el Estado tiene un acto de protocolo de firma con los estados garantes o supervisores de la disposición de paz, pero que su anulación recae en el imperativo de la protección de los Derechos Humanos y el apoyo de Estados a grupos Terroristas. – es lo más sensato-.
Para los senadores y expertos, no se debe pensar que el Estado desconoce un protocolo de firma ya que los actos diplomáticos están basados con relación en el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Acaso la prioridad no es la protección de estos?
Además, para aquellos que instan al país a seguir el “protocolo” con el ELN al pie de la letra – por eso de estar en sintonía con el buen pensar de la comunidad internacional- se les puede decir que están apoyando el indulto y/o amnistía al segundo grupo terrorista que tiene el país – después de las Farc-. (Incluso creo que no debemos permitir un suceso como el que vivimos con alias “Santrich”, muy apoyado por verdes y amarillos).
Y, entre otras cosas, no es posible que un país que se construye bajo la lógica de la paz, la legalidad y la equidad, permita que el control civil apoye en una figura de Derecho Internacional que se desvanece por el quebramiento de los Derechos Humanos, y el Derecho Internacional Humanitario, el perdón a un grupo terrorista que no expresa voluntad de diálogo de paz.
Por último, resaltar la preocupación que se comienza a generar en el país bajo el juzgamiento sin conocimientos de las acciones que se emprende desde las instituciones de Seguridad y Defensa Nacional y Relaciones internacionales expresadas en la Cancillería. El reto y desafío que tiene el país es acotar el desconocimiento de los asuntos militares y de política exterior por parte de la sociedad civil.
Lo anterior se conoce, por un lado, como las relaciones civiles-militares, y, por otro lado, “diplomacia para la sociedad”, estrategias que buscan reducción los lazos de incertidumbre e irracional a la hora de comunicar políticas públicas, planes, y programas que buscan la Defensa de la República. En general, la educación es la piedra angular del desarrollo de las relaciones civiles con base en los temas de Seguridad y Defensa como de Relaciones Internacionales, y su finalidad es reducir la incertidumbre del “Now How”.
