Desde su llegada al Palacio de Nariño, el presidente Gustavo Petro se distanció de los enfoques tradicionalmente punitivos y militares de la política antidrogas de Colombia. En septiembre de 2022, ya era noticia su propuesta de priorizar la interdicción aérea y marítima sobre la persecución de cultivadores. Al poco tiempo, bajo la ambición de la paz total, procuró negociar con los narcotraficantes para obtener beneficios jurídicos a cambio de cesar sus actividades ilegales.
La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exaltó el nuevo enfoque por ser más social y de salud pública. En sus discursos, Petro enfatizó en la protección de los campesinos cocaleros y la sustitución de cultivos ilícitos, proponiendo la suspensión de las fumigaciones con glifosato, así como potencializar las capacidades de inteligencia e interdicción aéreas y marítimas. Estas últimas dos ideas le valieron críticas de la oposición de derecha, que las reclaman como propias y consideran tradicionales respecto de las posturas de las anteriores Administraciones.
En septiembre y octubre de 2023, el presidente presentó formalmente su política antidrogas “sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, que consta de dos ejes: «Oxígeno, dirigido a los territorios, las personas y los ecosistemas afectados por el mercado de drogas ilegales; y Asfixia, enfocado a las estructuras criminales que generan violencia y se lucran en mayor proporción de esta economía ilícita», según se presenta esta política en el sitio web de Presidencia.
Por esos días también se dio a conocer el documento al Gobierno de los Estados Unidos, que acaba de publicar su Reporte Anual sobre Estrategias para el Control Internacional de los Narcóticos (INCRS). El informe insiste en que la política antidrogas aún requiere «la erradicación forzada, ampliar la erradicación (voluntaria) y aumentar las operaciones de interdicción de clorhidrato de cocaína y precursores». También, expresa preocupación sobre la existencia de mecanismos coordinados para su implementación, así como dudas respecto de su financiamiento, esenciales para que sea efectiva.
Considero que la nueva política antidrogas aborda el problema de manera más integral y menos punitiva. No obstante, si bien el cambio de visión es un paso positivo hacia el tratamiento de las causas subyacentes del narcotráfico y la violencia asociada, la complejidad y amplitud de la estrategia plantean desafíos significativos en términos de planificación, coordinación y financiación.
La falta de un mecanismo coordinado y un presupuesto claro puede obstaculizar la materialización efectiva de la política, lo que podría afectar negativamente las comunidades rurales que esperan beneficiarse de esta. Además, la visión tradicional de Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico podría limitar la flexibilidad en el uso de los recursos proporcionados, lo que sugiere la necesidad de explorar nuevas fuentes de cooperación internacional.
En última instancia, el éxito de la política depende de su capacidad para transformar el campo colombiano, superando la economía ilícita y promoviendo el desarrollo económico sostenible. A pesar de las buenas intenciones y la innovación de esta estrategia, su efectividad está en juego debido a desafíos de coordinación, financiamiento y la necesidad de una ejecución efectiva. Es esencial que el gobierno colombiano encuentre el equilibrio entre sus ambiciosos objetivos y la realidad del país.
El cambio de paradigma es pasar de pretender un mundo libre de drogas a un mundo libre de abuso de las drogas y de narcotráfico.
