La paz, debería ser un principio de convivencia y nacimiento de una sociedad justa, debería ser una prioridad en el sistema educativo. Sin embargo, cuando la paz se introduce como un decreto, muchas veces ocurre que el objetivo se pierde en el camino burocrático. Tal es el caso del Proyecto de Ley 355 de 2024, que propone crear una “Cátedra para la Paz y la Reconciliación” como asignatura en los colegios colombianos. Aunque la intención de fomentar valores de paz y reconciliación es noble, este proyecto muestra micos que dejan en duda su efectividad y nos obliga a reflexionar sobre sus verdaderas intenciones y viabilidad.
En primer lugar, el proyecto se presenta como una adición a la Ley 1732 de 2014, que ya establece una “Cátedra de Paz” obligatoria en el sistema educativo. ¿Cuál es entonces la necesidad de crear una “Cátedra para la Paz y la Reconciliación”? Esta duplicidad no solo causa redundancia, sino que fragmenta el objetivo de una educación en paz, introduciendo el riesgo de que se haga todo un proceso legislativo innecesariamente. Esta inconsistencia obliga a preguntarnos si realmente se está buscando un cambio positivo o si se trata de una jugada política sin un análisis profundo de lo que ya existe.
Otro aspecto preocupante es que este proyecto parece repetir un error común en nuestra legislación educativa: decretar sin ofrecer bases sólidas para implementar. El proyecto no establece un currículo definido, dejando la creación de contenidos a la "flexibilidad" de cada institución educativa, según el artículo 4. Esta flexibilidad sin lineamientos específicos puede ser una espada de doble filo: por un lado, da libertad a las instituciones, pero por otro, deja la enseñanza de un tema tan crucial a la interpretación de cada colegio, sin asegurar la calidad o consistencia. Sin lineamientos claros, ¿cómo garantizamos que la Cátedra para la Paz logre el impacto que se pretende?
El artículo 5 abre la puerta para que editoriales y otros actores externos participen en el desarrollo de contenidos. Esto podría sonar positivo, aun así, plantea una preocupación seria si recordamos las brechas socioeconómicas que existen en nuestra Colombia. Sin una regulación adecuada, esta disposición convierte la educación en paz en una oportunidad de negocio para empresas privadas, que pueden empezar a vender textos y materiales específicos para esta cátedra, encareciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La paz no debería ser una mercancía a la que solo algunos estudiantes puedan acceder plenamente, según lo que sus colegios puedan o no pagar.
Quizás la cuestión más delicada es el riesgo de que esta cátedra se convierta en un caballo de Troya para promover intereses políticos. Recordemos que, en el pasado, la Cátedra de Paz fue aprovechada por el gobierno de turno como una herramienta de legitimación y proselitismo al Acuerdo de Paz que lo llevó a ganar un Nobel. La educación en paz debe ser un espacio de neutralidad y reflexión, no un vehículo para discursos de poder. Si no se establece una vigilancia objetiva y participativa en la construcción de estos contenidos, corremos el riesgo de politizar la enseñanza y de usarla como un instrumento de propaganda.
Finalmente, me pregunto si realmente necesitamos otra asignatura específica. En lugar de crear nuevas leyes y proyectos, ¿por qué no mejorar lo que ya tenemos? ¿No sería más efectivo potenciar el desarrollo de habilidades en temas de convivencia y resolución pacífica de conflictos en asignaturas ya existentes? Crear nuevos comités municipales que adapten los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) a los contextos locales y culturales de cada región sería mucho más efectivo para promover una paz genuina y significativa en las aulas.
El Proyecto de Ley 355 de 2024 busca aportar algo positivo, pero está plagado de inconsistencias. Para construir paz de verdad en nuestras escuelas, necesitamos un enfoque integral y estructurado, no una ley que diga que se cumpla otra ley que se dejó en el olvido. Como país, debemos exigir que se legisle con seriedad y compromiso real. Porque la paz no puede ser solo un decreto; debe ser el fruto de un sistema educativo sólido, coherente y accesible para todos.
