La construcción de un Estado territorial en Colombia es un proceso complejo y multifacético que requiere una visión integral y colaborativa entre las diferentes entidades del país. Este desafío no sólo involucra al Estado central, sino también a las gobernaciones y alcaldías, cada una con responsabilidades específicas y complementarias. En esta columna, discutiremos por dónde empezar, cómo financiar este proceso, y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
El primer paso hacia la construcción de un Estado territorial es reconocer y abordar las disparidades regionales que existen en Colombia. Históricamente, algunas regiones han recibido más atención y recursos que otras, lo que ha generado un desarrollo desigual. Para corregir esto, se debe realizar un diagnóstico detallado de las necesidades y potencialidades de cada región. Este diagnóstico debe incluir aspectos socioeconómicos, culturales y ambientales, y debe ser elaborado con la participación activa de la comunidad local.
Además, es crucial establecer un marco legal y administrativo claro que defina las competencias y atribuciones de cada nivel de gobierno. La descentralización administrativa y fiscal debe ser una prioridad para que las entidades territoriales puedan gestionar sus recursos de manera eficiente y autónoma. El fortalecimiento institucional a nivel local es esencial para garantizar una gestión pública transparente y eficaz.
La financiación de la construcción del Estado territorial en Colombia requiere una estrategia diversificada y sostenible. Una de las fuentes principales de financiación debe ser el presupuesto nacional, destinado de manera equitativa y basada en las necesidades específicas de cada región. Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario fomentar la generación de recursos propios a nivel local a través de políticas de incentivos fiscales y el fortalecimiento de la base tributaria local.
Las alianzas público-privadas (APP) son otra herramienta clave para la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo regional. Estas alianzas permiten la movilización de capital privado para complementar los recursos públicos, creando sinergias que pueden acelerar el desarrollo territorial. Además, es fundamental aprovechar los fondos de cooperación internacional, especialmente aquellos destinados al desarrollo sostenible y la paz.
El Estado central tiene la responsabilidad de establecer el marco normativo y las políticas generales que guíen la construcción del Estado territorial. Esto incluye la asignación de recursos y la supervisión de su uso, asegurando que se cumplan los principios de equidad y eficiencia. El Estado central también debe proporcionar asistencia técnica y capacitación a las entidades territoriales para fortalecer sus capacidades administrativas y de gestión.
Asimismo, el Estado central debe velar por la coordinación entre las distintas regiones y promover la integración territorial. Esto implica fomentar el desarrollo de infraestructuras que conecten las regiones y faciliten el comercio y la movilidad, así como la implementación de programas nacionales que aborden problemas comunes, como la seguridad y el acceso a servicios básicos.
Las gobernaciones son responsables de la implementación de las políticas nacionales en su territorio y de la coordinación con los municipios para asegurar una gestión integrada y coherente. Esto incluye la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo regional, la gestión de recursos y la supervisión de los servicios públicos.
Además, las gobernaciones deben promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública, creando espacios de diálogo y concertación con la comunidad. El fortalecimiento institucional a nivel departamental es crucial para garantizar una administración eficiente y cercana a las necesidades de la población.
Las alcaldías, por su parte, son el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y tienen la responsabilidad de gestionar los recursos y servicios a nivel local. Esto incluye la planificación urbana, la prestación de servicios públicos, y la promoción del desarrollo económico local. Las alcaldías deben trabajar en estrecha colaboración con las comunidades para identificar sus necesidades y prioridades, y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
En resumen, la construcción de un Estado territorial en Colombia es una tarea que requiere la colaboración y el compromiso de todos los niveles de gobierno. Sólo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado podremos avanzar hacia un desarrollo equitativo y sostenible que beneficie a todas las regiones del país.
