La Constitución de 1991 constituye el verdadero instrumento renovador del Estado colombiano y es resultado de un transparente, profundo y democrático acuerdo nacional del que participara activamente el reinsertado grupo subversivo M-19, al que perteneció el hoy presidente de los colombianos. Este cambio real y positivo se gestó, impulsó y logró gracias a la decisión de los gobiernos de los ex presidentes Virgilio Barco Vargas y César Gaviria Trujillo. Lo anterior, sin desconocer que el gobierno de Belisario Betancur dio los primeros pasos.
Los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente fueron Horacio Serpa Uribe (Partido Liberal Colombiano), Álvaro Gómez Hurtado (Conservador director del Movimiento de Salvación Nacional) y Antonio Navarro Wolff (Ex miembro del M-19). Gracias a la generosidad de perdón del Estado colombiano, el novedoso contenido de la nueva Carta Política y el acuerdo nacional que ella representa, varios reinsertados hicieron parte del legislativo como del ejecutivo.
Sin embargo, desde entonces y hasta el día de hoy, salvo contadísimas excepciones, los entonces subversivos estaban robustamente preparados para las acciones delincuenciales que efectuaban, para cuestionarlo todo per se, pero no para gobernar.
Se cuentan con los dedos de las manos los buenos gobernadores y alcaldes pertenecientes a la entonces naciente Alianza Democrática M-19. Entre ellos, de lejos, se destaca como ninguno Antonio Navarro Wolff quién se desempeñó como ministro de salud del gobierno de Gaviria Trujillo, alcalde de Pasto (Nariño), constituyente, representante a la Cámara por Bogotá, gobernador de Nariño y senador de la República. En 1997 fue premiado el mejor alcalde del país.
Navarro Wolff intentó fallidamente llegar a la Casa de Nariño; sin embargo, paradójicamente, quien sí logró hacerlo fue un ex miembro menor del M-19, Gustavo Petro Urrego, quién dista mucho de la preparación profesional, intelectual, cultural y talante personal del ingeniero Navarro Wolff. Este sí de verdad ambientalista.
Petro a diferencia de Navarro fracasó como alcalde -de Bogotá-, como congresista no se distinguió por sus proyectos de ley rigurosos y propositivos para construir país, sino por su innegable capacidad de destruir y propagar el odio, como lo sigue haciendo ahora en calidad de presidente de Colombia.
Es un hecho que el hoy presidente de los colombianos no disimula su animadversión por el Estado de Derecho. Reniega de su deber de sujetarse a la voluntad representativa que expresan los legisladores aprobando o improbando proyectos de ley, también de la autoridad de los jueces que ejercen y cumplen su deber de condenar a los delincuentes y exonerar a los inocentes, no menos de las providencias que evitan los desafueros de su administración como oportunamente lo ha cumplido la jurisdicción de lo contencioso administrativo e igualmente, de los pronunciamientos de la Corte que guarda celosamente el cumplimiento de la Constitución.
Precisamente gracias a ese talante inocultablemente antidemocrático de Petro Urrego quién quisiera que Colombia fuera una autocracia o algo peor, es que ahora en medio del desespero por su incapacidad para construir y convocar a la unidad de los colombianos, lo que propone y seguirá haciendo es fomentar el odio y procurar hacer trizas la Constitución de 1991, gracias a la que, paradójica y democráticamente, llegó a la Casa de Nariño.
El país pasa por el momento más oscuro en 200 años de historia republicana, que ojalá se supere en 2026 con la contundencia ejemplarizante requerida para que “cese la horrible noche” que vive Colombia por cuenta del nefasto socialismo del siglo XXI que hoy la “desgobierna” en cabeza de Gustavo Petro y todos y cada uno de quienes participan en ella y aplauden esta administración.
