La Comisión Séptima del Senado colombiano votó por archivar la reforma de la salud del Gobierno de Gustavo Petro. La decisión se dio en el contexto del desfinanciamiento del sistema de salud, que, de acuerdo con la Administración, condujo a la intervención de dos importantes entidades promotoras de salud (EPS): Sanitas, el día anterior a la votación, y la Nueva EPS, mientras se desarrollaba la sesión.
Por los tiempos en los que se dieron las cosas, difícilmente la decisión de intervenir dichas EPS y archivar el proyecto de reforma puede entenderse como una coincidencia. Los indicios muestran que el Gobierno amedrentó a una de las EPS más exitosas del sector privado, en el caso de Sanitas, y cooptó una de las mixtas más grandes del país, en el caso de Nueva EPS, en la que hay una importante participación de las cajas de compensación familiar. La intervención implica la remoción de sus órganos de administración.
Al mismo tiempo que debe repudiarse con contundencia esta actuación desmedida, debe aplaudirse el carácter de los senadores que hundieron el proyecto de reforma, pues atendieron a las preocupaciones de pacientes, académicos y expertos en salud. Sus consideraciones son muestra de los recados de democracia que quedan en nuestra República, porque en la Cámara de Representantes el proyecto se aprobó bajo la sospecha de presiones indebidas de la Administración nacional.
Para nadie es un secreto que el sector de la salud atraviesa una de sus peores crisis en 30 años. Los colombianos sufrimos los desafíos que, en términos de financiamiento, atención primaria e infraestructura, presenta el sistema actual. Reformarlo es necesario. Sin embargo, el proyecto presentado por el Gobierno desatendió los puntos que requieren modificarse, como el desatinado cálculo de la unidad de pago por capitación y los presupuestos máximos.
En cambio, la propuesta se centró en la estatización del sistema, lo que ponía fin a la estructura de colaboración que ha permitido el aumento de la cobertura y la calidad de la salud en todo el país. El presidente, asesorado todavía por la intransigente exministra Carolina Corcho, la responsable de la ruptura de la coalición de Gobierno, insiste en acabar completamente con el esquema de alianza público-privada anterior.
En la medida en que el Gobierno se encontró con la oposición democrática de la mayor parte de la Comisión Séptima del Senado, tomó la decisión de implementar la reforma a la salud por decreto. Las recientes intervenciones de las EPS Sanitas y Nueva EPS están claramente orientadas por motivaciones políticas más que técnicas; son una retaliación por la oposición a la reforma, como lo dejó ver el representante Alfredo Mondragón en entrevista con la W.
Colombia requiere de un diálogo constructivo, fundamentado en la evidencia, para reformar el sistema de salud. Los atropellos expropiatorios son inútiles en este contexto; los efectos que producirán son los contrarios: todas las intervenciones implementadas han fracasado. ¿Por qué no se optó entonces por una vigilancia especial antes de tomar una decisión como esta? Ni siquiera la Procuraduría lo sabe, porque la Superintendencia de Salud, al servicio de la voluntad del sectarismo del Pacto Histórico, sostiene que la discusión es de carácter confidencial y ha negado el acceso a la grabación incluso a los órganos de control.
El presidente se aleja con contundencia de la institucionalidad y deja la vara muy alta para quien quiera ganarle en mecanismos antidemocráticos de administrar a Colombia. Quienes integran el sectarismo del Pacto Histórico desconocen que más de la mitad de los colombianos no ven el mundo como ellos y que ganaron por un escaso margen, derivado de la polarización que está a merced de los extremos políticos. A los integrantes del Gobierno que están dispuestos a tener una conversación, los invito a escuchar las preocupaciones de los pacientes y usuarios del sistema. Resistan con legalidad los embates del autoritarismo.
